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Acogida e integración de refugiados. Grupo de trabajo sobre empleo

Acogida e integración de refugiados. Grupo de trabajo sobre empleo


DIFICULTADES PARA EL ACCESO AL EMPLEO

 

  • Homologación y convalidación de títulos académicos: proceso largo y complejo
  • Acceso a becas de estudios y a la universidad (carencia de certificados de estudios, pruebas de acceso, homologación)
  • Reconocimiento de estudios y/o experiencia laboral previa en aquellos casos que no cuentan con documentación acreditativa.
  • Nivel del aprendizaje del idioma en muchos casos es bajo y en otros hay necesidades de invertir en alfabetización de adultos. Esto es un hándicap de cara a la inserción laboral (vinculación sistema de indicadores de integración.
  • Desconocimiento de los perfiles y necesidades específicas del colectivo en el ámbito laboral que ayudaría a orientar la acción de apoyo de las administraciones regionales o locales en su integración desde un principio en las ciudades donde son acogidos.
  • Diferencias en las oportunidades de empleabilidad entre los solicitantes de asilo en unas comunidades autónomas y otras y la limitación de movilidad sin perder apoyo socio-económico.
  • Falta de sensibilización e información entre empresas/empleadores sobre lo que es un refugiado o un solicitante de asilo. Reticencias a contratar extranjeros en general con el nivel de desempleo actual, pero también por el impacto de los mensajes que vinculan terrorismo/yihadismo/refugiados).
  • Rigideces para los trámites en el Servicio Público de Empleo Estatal (importancia de contar con focal points en SEPE y otros servicios públicos frecuentados por solicitantes de asilo y refugiados).
  • Obstáculos vinculados a la tarjeta roja provisional que identifica a los solicitantes de asilo:

—   La resolución a la solicitud de asilo no siempre llega a los 6 meses de formular la petición de protección internacional como estipula la ley (a veces tarda 1, 2 años o más). Aunque a partir de los 6 meses la tarjeta roja lleva asociado un permiso de trabajo, la provisionalidad de la tarjeta que se renueva por 3 ó 6 meses plantea muchas dificultades.

—   Desconocimiento de su situación jurídica y documental que provoca desconfianza por parte de los empleadores para contratar a solicitantes de asilo (“la tarjeta roja”).

—   Imposibilidad de inscripción en el INEM de solicitantes de asilo durante los 6 primeros meses para acceder a cursos de formación gratuitos. Influencia a su vez en la antigüedad de inscripción.

—   Con la tarjeta roja no se puede obtener el carnet de conducir que es muy importante para acceder a muchos puestos de trabajo.

—   Influye y limita la movilidad geográfica entre CCAA vinculada a la búsqueda de empleo.

  • Precariedad e inestabilidad laboral general (índice de desempleo actual en torno al 20%).
  • Con el incremento del número de refugiados en España, hay mayores limitaciones de recursos y personal para que las entidades de asilo en la segunda fase de integración puedan prestar una mayor atención y seguimiento personalizado de los itinerarios de los refugiados (importante volumen de trabajo de justificación administrativa, presentación de informes y otras acciones más burocráticas).
  • Dificultades de acceso a vivienda pública:

—   Aquellas dificultades a las que se enfrenta también el resto de la población debidas principalmente a la escasez de vivienda.

—   Dificultades de acceso a la información.

—   Dificultades burocráticas, como la documentación requerida y las exigencias de tiempo de empadronamiento para el acceso a viviendas y a ayudas en la materia.


ELEMENTOS QUE MEJORARÍAN LA INSERCIÓN LABORAL

 

  • Disponer de información acerca de los perfiles laborales más demandados y sectores de actividad empresarial con más proyección para el empleo. Conocer los sectores que tengan más dificultad para encontrar trabajadores formados, de manera que los itinerarios de inserción laboral para refugiados se dirijan a dar cobertura a esas carencias con acciones formativas específicas.
  • Contar con la mayor antelación posible información específica de los perfiles tanto educativos como laborales de los refugiados, para la planificación de un itinerario laboral individualizado.
  • Reforzar las clases de idioma desde un inicio para que los s/a y refugiados salgan de los dispositivos de acogida especializados mejor preparados para enfrentarse a los retos de la integración. Se plantea la posibilidad de iniciar este primer contacto con el idioma desde los países de acogida (Grecia, Italia o países de reasentamiento) e implicar a las administraciones regionales y locales.
  • Agilizar y reforzar las vías de convalidación de titulaciones académicas y reconocimiento de experiencia laboral previa. Una buena práctica serían los servicios de apoyo en las CCAA y Universidades para la preparación del dossier de documentación..
  • Unificar el ordenamiento educativo actual en las distintas comunidades autónomas donde los baremos de convalidación para cursar y/o finalizar los estudios en determinadas carreras varían de una universidad a otra.
  • Flexibilizar los programas de asistencia que permitan eventualmente la movilidad de refugiados y solicitantes de asilo entre CCAA para la búsqueda de empleo.
  • Reconocer las competencias lingüísticas de los refugiados (lengua materna y otras) conformando un mecanismo de acreditación oficial.
  • Resolver las solicitudes de asilo en los plazos establecidos por la ley (6 meses) reduciría la ansiedad de las personas concernidas sobre su futuro, ayudaría a los técnicos a enfocar esfuerzos y recursos en los itinerarios de quienes reciban protección internacional.
  • Nombrar personas de contacto formadas en asilo en instituciones clave con las que contacta este colectivo en su proceso de integración (INEM, Seguridad Social, Servicios Sociales). Estas personas podrían recibir una formación en protección internacional y podrían hacer de enlace entre las instituciones, las entidades especializadas en asilo y los usuarios.
  • Fortalecer el trabajo de proximidad desde Ayuntamientos y ONG. Refuerzo del tejido social; sensibilización sobre la realidad de los refugiados a la sociedad de acogida y a los actores que van a intervenir de una forma u otra en su acogida e integración (empresas, sindicatos, asociaciones, centros educativos etc).
  • Reforzar el Diálogo Social y la participación de entidades como la OIT, sector empresarial y sindicatos en el trabajo con este colectivo para fomentar la integración y el acceso al empleo. Potenciar las acciones de Responsabilidad Social Corporativa de las empresas y Fundaciones en favor de refugiados y solicitantes de asilo.
  • Establecer un sistema de indicadores de integración. Disponer de datos de la población refugiada en España: nivel de idioma, cuantos han salido de centros y cuantos tienen trabajo, en qué sectores. Se trata de conocer las claves que les han llevado al éxito y qué les ha faltado para poder mejorar las estrategias de planificación y trabajo con este colectivo.
  • Considerar al colectivo de refugiados (incluidos los solicitantes de asilo) como colectivo con necesidades especiales y perfiles con riesgo de marginación, al tiempo que se busca un equilibrio entre las medidas para facilitar su acceso al empleo en relación con otros colectivos desfavorecidos (“Competencia con nacionales”). Tener presente los aspectos de género y edad en el acceso al empleo (mujeres refugiadas)  y de personas con necesidades especiales (personas solas con menores a su cargo, personas de mayor edad, personas con traumas o vulnerables, con diversidad funcional, etc).
  • Políticas públicas de empleo: algunas CCAA disponen de un modelo de contratación pública, con una reserva de contratos para potenciar la contratación de colectivos vulnerables (discapacidad, mujeres víctimas de violencia…). Se está  trabajando para que en el próximo año los refugiados se incluyan como una categoría particular (Castilla y León).
  • Diseñar una política pública activa y estratégica de comunicación e información sobre este colectivo para no extender o magnificar rumores (frenar brotes de racismo/xenofobia) y de sensibilización para involucrar en el proceso a distintos actores públicos y privados.