Acogida e integración de refugiados en España. Conclusiones y propuestas

Acogida e integración de refugiados en España.Jornada de trabajo conjunta Defensor /ACNUR. Conclusiones y propuestas globales


 jornadas

ACOGIDA E INTEGRACIÓN DE REFUGIADOS EN ESPAÑA

Madrid, 5 de octubre de 2016

Los documentos que aquí compartimos desde la Oficina del Defensor del Pueblo y ACNUR han sido elaborados sobre la base de la información recopilada de los cuestionarios cumplimentados por las administraciones y remitidos a los organizadores antes de la jornada así como lo discutido en los grupos de trabajo durante la misma.

En los grupos de trabajo han participado representantes de las tres administraciones, central, regional y local. En esta jornada, han participado representantes de 11 de las 19 comunidades y ciudades autónomas y de 11 ciudades con más de 100.000 habitantes.

En los grupos mixtos se ha reflexionado sobre modelos de coordinación-ventajas y desafíos del sistema actual y propuestas para afrontarlos- así como sobre las cuestiones de educación, el acceso a la vivienda y al empleo, como cuestiones clave a las que se enfrentan los refugiados y solicitantes de asilo en su proceso de integración en España.

CONCLUSIONES

  • En este momento asistimos a máximos históricos de desplazamientos forzosos por conflicto: más de 65 millones donde 9 de cada 10 refugiados están acogidos en los países próximos a las zonas de conflicto que están desbordados.
  • Se constata también la necesidad de asumir que la responsabilidad de buscar soluciones a la situación de los refugiados y de protegerlos es colectiva, como quedó reflejado en la Declaración de Nueva York firmada por 193 países y la Cumbre de refugiados del 19 y 20 de septiembre.
  • El reparto de responsabilidades en materia de refugiados es un asunto de ámbito europeo. Apoyar y aplicar los compromisos de la UE en reubicación y reasentamiento, como solicita la Comisión Europea (CE).
  • Se trata de un desafío global y regional ante el que España no puede sustraerse. Hasta la fecha, España ha acogido aproximadamente al 1% de los solicitantes de asilo de la UE.
  • La sociedad española ha mandado un mensaje muy claro de querer estar en primera línea de las soluciones y de la acogida solidaria.
  • La Comisión Europea así como Italia y Grecia solicitan una respuesta más ágil en los mecanismos de reubicación de refugiados por parte de los países miembros de la UE, particularmente de aquellos con cifras más bajas.
  • España además ha aceptado compromisos vinculantes en materia de asilo, acogida e integración de solicitantes de asilo y refugiados (Convención de 1951; ley asilo y de Protección Subsidiaria, Directivas europeas, Agenda de Migraciones de la CE) y, finalmente, la Declaración de Nueva York aprobada el 19 de septiembre, constata que la responsabilidad de proteger a los refugiados es una responsabilidad colectiva.
  • Se constata también el desafío cada vez mayor que supone para el sistema español de asilo, tal y como está concebido, la adecuada acogida e integración de un creciente número de solicitantes de asilo y refugiados que llegan tanto de forma espontánea como bajo cuotas de reubicación, reasentamiento u otro tipo.
  • Es indiscutible la competencia del Gobierno central en las cuestiones de protección internacional, determinación del estatuto de refugiado y políticas de admisión de extranjeros, pero también es cierto que las administraciones regionales y municipales tienen competencias en muchos aspectos relativos a la integración de los refugiados que van a vivir en sus ciudades (educación, sanidad, servicios sociales, empleo).
  • Muchas Administraciones regionales y municipales han realizado ofrecimientos muy concretos y generosos en materia de acogida e integración. Es esencial buscar formas de dar respuesta a las necesidades de los refugiados conjugando los compromisos adquiridos por España y los ofrecimientos y las competencias de todas las administraciones.
  • Las palabras clave que más se han repetido a lo largo de  la jornada han sido: Comunicación, Coordinación, transparencia, corresponsabilidad y planificación.
  • En todos los debates de la jornada se ha apreciado que la información no fluye o  fluye de manera fragmentaria, fluye tarde y no a todos los actores que deberían participar. Se reclama un modelo más dinámico y participativo de coordinación, estructurado y predecible que aúne esfuerzos y recursos.
  • Hay una gran conciencia de que el país no puede permitirse perder todo el caudal de solidaridad que ha despertado la crisis de refugiados en el Mediterráneo y provocar más frustración por no ser capaces de dar una respuesta en un tiempo razonable.
  • En cuanto a la acogida bajo los programas de reubicación y reasentamiento, quedan  por llegar a España aproximadamente el 96% de las personas a las que España se comprometió a acoger bajo la Agenda de Migraciones de la UE en 2015 (unas 17.500) y el compromiso se debería materializar antes de finales de 2017.
  • Se constata también la necesidad de hacer participar a los nuevos actores que han surgido desde distintos ámbitos públicos y privados. El trabajo conjunto entre éstos y las administraciones y entidades más experimentadas en la acogida e integración de refugiados en España, es esencial para afrontar los actuales retos del sistema. Es un desafío que afecta a toda la sociedad española.
  • Se manifiesta claramente un interés de administraciones regionales y locales por formar parte más activa en todo el proceso de planificación, acogida e integración de refugiados, bajo la coordinación del Gobierno central y contando con las organizaciones especializadas.

 

PROPUESTAS

 

  • Desarrollar una comunicación fluida y directa entre Administración Central, CCAA y Ayuntamientos sobre los programas y planes de acogida e integración a refugiados. Se requiere claridad sobre quién planifica, evalúa y ejecuta los programas. Las CCAA y Municipios tienen sus propias competencias en materia de integración que deben ejercer, no como agentes subsidiarios, sino como parte activa de un plan estratégico en acogida e integración de refugiados.
  • Reclamar un instrumento de coordinación ágil para la acogida e integración de refugiados en España en el que  participen las administraciones regionales y locales, lo que permitiría mayor predictibilidad, eficiencia en recursos y en la preparación de planes de asistencia a corto, medio y largo plazo. Se podría llevar a cabo a través de un Plan de Acción en España, bajo la coordinación de la Administración General del Estado, que contaría con el apoyo de todas las administraciones y las entidades especializadas en asilo.
  • Redefinir el modelo. Pasar de un modelo centralizado a un modelo más descentralizado que se apoye en las competencias de las CCAA y los Ayuntamientos para la gestión de los programas de acogida e integración, contando con financiación estatal. La Administración General del Estado establecería las líneas rectoras del sistema y los mecanismos de control y rendición de cuentas. El volumen actual de solicitantes de asilo y refugiados en España -y de los que puedan llegar- requiere de la actuación conjunta de múltiples actores que apoyen el sistema.
  • Es necesario que las Administraciones locales y regionales estén informadas de los convenios y acuerdos establecidos entre la Administración General y las entidades especializadas en asilo que trabajan en sus respectivas CCAA y  ciudades, ya que es donde finalmente se van a integrar los refugiados y a cuyos servicios sociales terminarán acudiendo.
  • Establecer centros de información en instituciones clave con las que contactan los solicitantes de asilo y refugiados en su proceso de integración (INEM, Seguridad Social, educación, Servicios Sociales). Las personas de estos centros podrían recibir una formación en protección internacional y podrían hacer de enlace entre las instituciones, las entidades especializadas en asilo y los usuarios.
  • Fortalecer el trabajo de proximidad desde Ayuntamientos y ONG. Refuerzo del tejido social; sensibilización sobre la realidad de los refugiados a la sociedad de acogida y a los actores que van a intervenir de una forma u otra en su acogida e integración (empresas, sindicatos, asociaciones, centros educativos, etc.).
  • Establecer un sistema de indicadores de integración. Disponer de datos de la población refugiada en España con estándares mínimos de integración: nivel de idioma, cuantos han salido de centros y cuantos tienen trabajo, en qué sectores. Se trata de conocer las claves que les han llevado al éxito y qué les ha faltado para poder mejorar las estrategias de planificación y trabajo con este colectivo.
  • Establecer canales de comunicación y evaluación para que los hombres y mujeres refugiadas puedan manifestar su opinión y propuestas sobre las cuestiones que les competen. Escuchar a los destinatarios de los programas, es clave en la planificación y en la mejora del sistema, da credibilidad y dota de mayor calidad a las políticas.
  • Incorporar modelos y fórmulas para hacer posible la solidaridad de la sociedad civil. Reforzar y mantener las bases de datos creadas a nivel nacional que recojan los recursos disponibles a todos los niveles –nacional, regional y local- cribados y valorados. Estas bases pueden ser un instrumento útil y eficaz más en la coordinación de los programas que acogida e integración de solicitantes de asilo y refugiados. Esto posibilitaría hacer partícipe a la sociedad civil, que ayudaría a sensibilizar, a gestionar las expectativas y frustraciones de quienes quieren ayudar y propiciaría la creación de redes de apoyo y programas de “mentorización”.
  • Sistemas de información y comunicación con la sociedad civil sobre los programas y las acciones a favor de este colectivo, que sirvan también para sensibilizar y reforzar el conocimiento mutuo.
  • Diseñar una política de comunicación e información muy activa sobre este colectivo para no extender o magnificar rumores (frenar brotes de racismo/xenofobia) y de sensibilización para en el proceso a distintos actores públicos y privados.

Conclusiones y recomendaciones de los grupos de trabajo en cuanto a propuestas de un modelo de coordinación general y específicamente por sectores: vivienda, educación y empleo

Educación

Vivienda

Empleo