Empleo y Seguridad Social

Se ha recibido el informe solicitado a esa Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, en relación con la desestimación de la solicitud de subvención por reducción de jornada por cuidado de hijo menor de doce años de la interesada. 

Consideraciones 

1. Señala en su informe, en síntesis, que de la documentación presentada por la interesada se deducía claramente que la reducción de jornada por la cual solicitaba la subvención no se iniciaba dentro del periodo subvencionable, sino que era una prórroga de la ya iniciada con anterioridad, por lo que no reunía los requisitos exigidos por las bases reguladoras de la subvención y por la convocatoria, que establece que: «Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las personas trabajadoras que hubieran iniciado el ejercicio del derecho de reducción de jornada laboral desde el 1 de agosto de 2021 hasta el 31 de julio de 2022, ambos inclusive». [...]

Se ha recibido en esta institución su escrito, sobre la queja presentada por D. (...), registrada con el número arriba indicado. 

De dicho informe se desprende, en síntesis, que cuando el Hospital Universitario de Móstoles formalizó el nombramiento estatutario con carácter temporal de D. (...) en la categoría de auxiliar administrativo conocía, a través del certificado aportado por el interesado, su condición de persona con discapacidad. 

El Jefe de Servicio Administrativo del Servicio de Admisión y Documentación Clínica emitió informe sobre el desempeño de funciones en los siguientes términos: [...]

Se ha recibido su informe, que contiene información relativa a la queja registrada con el número arriba indicado. 

Consideraciones 

1. En dicho informe sostiene, en síntesis, que el procedimiento de liquidación de cuotas a la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, constituye una normativa específica por lo que, conforme a la disposición adicional primera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los derechos de acceso y vista a la documentación obrante en los expedientes tramitados a su amparo, deben ser ejercidos de acuerdo con la normativa específica que los disciplina. [...]