La electricidad es esencial para el derecho a una vida digna constitucionalmente reconocido. El establecimiento del suministro, su recepción regular, en condiciones adecuadas de calidad y a un precio asequible, así como la creación del bono social, forman parte de este servicio esencial.
El Defensor del Pueblo es una institución comprometida con la defensa de los derechos de los ciudadanos en el suministro de energía eléctrica. Y en el ejercicio de su función supervisa la actuación de las administraciones autonómicas que resuelven las correspondientes reclamaciones y formula a los órganos superiores del Gobierno recomendaciones para mejorar la protección al consumidor.
Cuestiones como la denegación de suministro eléctrico, el corte sin previo aviso o las reclamaciones de fraude sin pruebas de cargo suficiente son objeto de atención por parte del Defensor del Pueblo.
Documento que recoge las quejas recibidas por la institución durante la pandemia de covid-19, así como las actuaciones realizadas al […]
Estudio basado en la jornada sobre Protección de los consumidores vulnerables en materia de energía eléctrica, en 2017, orientada a […]
