El Defensor, como MNP, emitió 686 resoluciones tras realizar 115 actuaciones en centros de privación de libertad

24/06/2021

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha presentado hoy en el registro del Congreso de los Diputados y en el del Senado el informe anual que realiza la Institución en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes (MNP) relativo al año 2020.

La pandemia ocasionada por la Covid-19 también marcó la actividad que realiza el Defensor en su condición de MNP durante el pasado ejercicio. Desde el inicio de la crisis sanitaria, el MNP estuvo en contacto con responsables de centros de privación de libertad para conocer las medidas tomadas para proteger la salud de las personas privadas de libertad y del personal que trabaja en estos lugares.

Durante las primeras semanas del estado de alarma, siguiendo las recomendaciones de organismos internacionales, el MNP realizó tareas de supervisión a distancia o sin contacto y una vez que pudieron realizarse visitas ordinarias con todas las garantías, se retomaron las inspecciones habituales.

En total, se han llevado a cabo 115 actuaciones de supervisión de las que 66 han sido visitas presenciales y 49 actuaciones sin contacto. De las presenciales, 24 visitas han sido de seguimiento y 42 primeras visitas y se han repartido por 16 provincias de 10 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En total, se han formulado 686 resoluciones (119 recomendaciones, 545 sugerencias y 22 recordatorios de deberes legales).

Centros para menores infractores

En 2020 se han realizado siete visitas a centros para menores infractores (CIMI). En concreto, se inspeccionaron el Centro de ejecución de medidas judiciales «El Lavadero» (Madrid), el Centro de internamiento para menores infractores «Tierras de Oria» (Almería), el Centro de internamiento para menores infractores «La Marchenilla» (Cádiz), el Centro de internamiento para menores infractores «Punta Blanca» (Ceuta), el Centro regional de menores y jóvenes «Albaidel» (Albacete), el Centro socioeducativo «Es Mussol» (Palma de Mallorca) y el Centro socioeducativo «Es Pinaret» (Palma de Mallorca).

De estas visitas, cinco han sido de seguimiento y dos corresponden a centros que se han visitado por primera vez. En total, se han formulado 36 recomendaciones, 70 sugerencias y siete recordatorios de deberes legales para mejorar las condiciones de estos centros. Además, durante el periodo de confinamiento domiciliario se realizaron nueve actuaciones no presenciales.

En estos centros, el MNP ha prestado especial atención a la utilización de la sujeción mecánica como medio de contención, la atención socioeducativa, las actividades deportivas y de ocio, la asistencia sanitaria, los registros personales, la cumplimentación adecuada de los libros de registro y resto de documentación, la correcta tramitación de los expedientes sancionadores, o la posibilidad de que las personas internas puedan disponer de suficientes canales de comunicación para formular quejas, entre otros asuntos.

La Institución lleva años alertando sobre el peligro del uso de sujeciones mecánicas en los CIMI que en los últimos 10 años han provocado la muerte de tres jóvenes en centros de Madrid, Melilla y Almería. Ya en 2017, el MNP publicó una Guía de buenas prácticas en contenciones mecánicas en la que abogaba por el uso preferente de técnicas de diálogo y desescalada.

En 2020, Fernández Marugán formuló una recomendación al Ministerio de Justicia pidiendo un cambio en el reglamento de responsabilidad penal de los menores, en el que se regulan las sujeciones mecánicas, para abolir estas prácticas como medio de contención en los CIMI.

Ya en 2021, el MNP ha recibido con satisfacción el cambio normativo articulado a través de la Ley de Protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia que establece la prohibición del uso de contenciones mecánicas en estos centros.

Durante el ejercicio pasado, el MNP ha recogido con preocupación los testimonios de internos e internas que aseguraban haber estado aislados durante varios días. El MNP comparte el criterio del Comité para la prevención de la tortura del Consejo de Europa (CPT) que ha recomendado acabar con el uso del régimen de aislamiento como castigo disciplinario para los menores.

A juicio de la Institución, estos centros no deberían ser lugares de castigo sino de rehabilitación para conseguir la reinserción social de estos jóvenes.

Centros penitenciarios

En 2020 se visitaron ocho centros penitenciarios (CP). Madrid IV, Alicante II, Málaga II, Bonxe (Lugo) y Puig de les Basses (Figueres, Girona) se visitaron por primera vez y se hizo una visita de seguimiento al CP Murcia II. Además, en el marco del proyecto de visitas con enfoque de género y orientación sexual, se inspeccionaron los CP de Alcalá de Guadaira (Sevilla) y de Ceuta. Tras estas visitas, el MNP formuló 38 recomendaciones, 83 sugerencias y ocho recordatorios de deberes legales.

En el período de confinamiento domiciliario se realizaron 20 actuaciones no presenciales para hacer un seguimiento continuo de la evolución de la pandemia en los centros penitenciarios. Una de las cuestiones importantes y difíciles del pasado ejercicio ha sido la de mantener el equilibrio entre las medidas adoptadas para proteger a internos y empleados públicos y respetar los derechos de las personas privadas de libertad y los de sus familias.

De nuevo en 2020 muchas resoluciones del Defensor han sido recogidas por la Administración Penitenciaria en circulares, instrucciones u órdenes de servicio. Así, instrucciones como la 4/2020, sobre medidas de seguridad específicas para el control de internos incluidos en FIES 1 CD destinados en departamentos de régimen especial; la 5/2020, relativa a las comunicaciones de internos; la 3/2020 relativa a autorizaciones para que periodistas puedan entrevistar a la población reclusa o la  2/2020, relativa a la suspensión de la ejecución de la pena por situaciones de trastorno mental grave, han recogido pronunciamientos históricos de la Institución. Además, la Instrucción 6/2020, relativa al protocolo de ingreso directo en medio abierto y que regula los denominados ingresos voluntarios, recoge la recomendación formulada por el MNP tras una visita al CIS Mercedes Pinto de Tenerife en 2019.

También la administración penitenciaria catalana ha dictado la Instrucción 5/2020, sobre la aplicación del Protocolo de ingreso y clasificación en centros abiertos de Cataluña en sintonía con lo recomendado por la Institución.

En 2020 se ha seguido constatando que el empleo de los medios coercitivos es profuso. El aislamiento provisional, la fuerza física y las sujeciones mecánicas son frecuentes en la mayoría de los centros penitenciarios. A pesar de los avances, son necesarias ciertas mejoras, como las referentes a la prohibición de llevar a cabo sujeciones en determinadas circunstancias, la grabación de audio, la relativa a que los CP cuenten con presencia médica las 24 horas del día para la supervisión de su aplicación y la necesidad de formar al personal penitenciario para la práctica de inmovilizaciones mecánicas.

En el ámbito sanitario, la covid-19 ha incrementado todavía más el problema que supone la insuficiente dotación de personal sanitario en los centros dependientes de la SGIP, así como la necesidad de proceder a la transferencia de la sanidad penitenciaria. El Defensor también considera que se debería reforzar la atención psicológica y psiquiátrica para las personas privadas de libertad. Y más en estos momentos de pandemia mundial.

Por último, el MNP quiere llamar la atención por el elevado número de expedientes sancionadores iniciados durante el primer estado de alarma, un dato que no encaja con la sensación general trasmitida por los responsables de los centros de que la población penitenciaria se había comportado de manera ejemplar durante este periodo. Estas cifras son algunos ejemplos de la tendencia detectada de recurrir en exceso al procedimiento disciplinario penitenciario: en Albolote se iniciaron 173 expedientes y se impusieron 175 sanciones; en el de Algeciras, 251 expedientes y 88 sanciones; en Murcia II, 367 expedientes y 241 sanciones; en Estremera, 298 expedientes y 199 sanciones; en Quatre Camins, 306 expedientes y 340 sanciones; y en Ponent se aplicaron 184 sanciones de asilamiento en celda.

Visitas con perspectiva de género

En 2020 se ha continuado con el proyecto de visitas con perspectiva de género y también de orientación sexual. En este ejercicio, a las inspecciones a centros penitenciarios con esta perspectiva se han incorporado visitas a centros de menores infractores. En el marco de este proyecto, se han visitado dos centros penitenciarios (Alcalá de Guadaira y Ceuta) y dos centros de reforma (El Lavadero y Punta Blanca).

Desde que se inició este proyecto en 2018, se han analizado seis centros penitenciarios atendiendo a la situación de las mujeres internas en ellos. En estas visitas se han detectado diferencias entre el cumplimiento de penas por parte de hombres y mujeres.

Así, por ejemplo, se ha podido comprobar que las mujeres tienen más dificultades que los hombres para cumplir condena en dependencias próximas a sus entornos de arraigo y disponen de menores oportunidades para cumplir las fases finales de sus condenas en régimen de semilibertad, al carecer de centros adecuados cercanos a sus domicilios. En este sentido, el MNP ha formulado numerosas sugerencias para favorecer el uso de videollamadas que las permitan mantener comunicaciones frecuentes con sus allegados.

Por otra parte, la Institución ha prestado especial atención a la situación de las internas de apoyo que participan en los programas de prevención de suicidios. El MNP considera que su labor es fundamental y debería estar regulada. Así, ha recomendado que se regule su labor tanto en su vertiente formativa como en la retributiva, garantizando también que son supervisadas por profesionales que garanticen su desahogo emocional.

Un año más, se han pedido mejoras para atender a las mujeres víctimas de violencia de género, para asegurar un uso inclusivo del lenguaje en los formularios penitenciarios, para perfeccionar los datos estadísticos de mujeres privadas de libertad o para incrementar la formación del personal penitenciario en cuestiones de género.

Unidades de salud mental

Durante el pasado ejercicio, El MNP ha visitado el Hospital Fuente Bermeja en Burgos y ha realizado nueve actuaciones no presenciales en otros centros de salud mental en los que se realizan internamientos no voluntarios por razones de trastorno psíquico. En total, se han formulado seis recomendaciones y 14 sugerencias.

La pandemia ha afectado especialmente a las personas internadas en estos centros. La suspensión de visitas de familiares y de las actividades habituales, unidas a que son lugares en los que los recursos y personal ya eran escasos, han alterado de forma muy significativa la rutina de este colectivo especialmente vulnerable.

Un año más, el MNP lamenta que siga sin aprobarse una ley orgánica que regule de forma adecuada, completa y garantista los ingresos involuntarios.

Además, la Institución ha vuelto a insistir en que la administración tiene la obligación de inspeccionar y controlar el funcionamiento de estos centros independientemente de que su gestión esté en manos privadas o públicas.

Por otra parte, en lo relativo al uso de contenciones, recuerda que se debe mantener un registro y seguimiento exhaustivo de este tipo de medidas restrictivas de alto impacto.

Centros de internamiento de extranjeros

El MNP ha realizado cinco visitas presenciales a centros de internamiento de Extranjeros (CIE) y cuatro actuaciones no presenciales en 2020. Así, ha visitado en dos ocasiones el CIE de Madrid (Visita 10/2020 y Visita 112/2020), el CIE de Barranco Seco (Las Palmas de Gran Canaria) y el CIE de Murcia también dos veces.

Fruto de estas inspecciones, se han formulado tres recomendaciones, 31 sugerencias y tres recordatorios de deberes legales.

Tras decretarse el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, Fernández Marugán pidió la puesta en libertad de las personas que permanecían internas en los CIE, ya que en ese periodo de cierre de fronteras era imposible ejecutar su devolución o expulsión. El Defensor volvió a recordar que la privación de libertad en los CIE tiene como fin exclusivo asegurar la materialización de la devolución o expulsión de las personas internadas en estos centros. Poco después, estas personas quedaron en libertad y muchas de ellas fueron derivadas a recursos de acogida.

En 2020, un total de 1.244 personas fueron internadas y repatriadas desde los CIE. En estos centros se presentaron 776 solicitudes de protección internacional de las que se admitieron un 163. En los CIE se identificó como menores a 44 internos.

Operativos de repatriación de extranjeros

En 2020 han disminuido de forma significativa los operativos de expulsión de extranjeros debido a la pandemia por la Covid-19. Se han supervisado tres operativos a Mauritania (Visitas 1/2020, 2/2020 y 7/2020), un operativo a Melilla con destino Marruecos organizado por la UCER, uno con destino Albania y Georgia y otro con destino República Dominicana y Colombia. En total, se ha monitorizado la repatriación de 283 personas extranjeras. Estas inspecciones han generado nueve recomendaciones y doce sugerencias.

En el análisis de la documentación de los operativos realizados, se ha continuado observando que persiste la práctica de no informar con suficiente antelación a la persona extranjera de su expulsión.

Corta duración

En 2020, el MNP ha realizado 47 actuaciones en dependencias de privación de libertad de corta duración, de las cuales 39 son visitas y ocho actuaciones no presenciales. Estas inspecciones han derivado en 26 recomendaciones, 335 sugerencias y cuatro recordatorios de deberes legales.

El MNP ha continuado insistiendo un año más en la importancia de que estas dependencias cuenten con las máximas condiciones de seguridad y carezcan de elementos estructurales que puedan suponer un riesgo para la integridad física de las personas detenidas. En este sentido, ha recomendado a la Dirección General de la Policía que, en coordinación con las autoridades sanitarias autonómicas, refuerce e impulse un protocolo de medidas apropiadas de prevención de suicidios.

Por otra parte, en el contexto de crisis sanitaria vivido en 2020, al igual que en el resto de lugares de privación, se ha prestado especial atención a las medidas higiénicas y preventivas para evitar brotes por coronavirus.

Día Internacional de apoyo a las víctimas de la tortura

El próximo 26 de junio se conmemora el Día Internacional en apoyo a las víctimas de la tortura. En este marco, el MNP quiere reiterar que las investigaciones efectivas cuando concurran indicios de malos tratos favorecen no solo a las personas privadas de libertad, sino que también lo hacen a todos los organismos del Estado implicados. En este sentido, recuerda que los responsables de los centros de privación de libertad están obligados a remitir toda la información disponible cuando se tenga conocimiento de un hecho presuntamente delictivo, así como a favorecer y facilitar cualquier tipo de investigación.

El pasado año, 35 autoridades o funcionarios públicos de centros de privación de libertad fueron objeto de condenas penales frente a 8.177 ciudadanos particulares condenados por delito de atentado contra la autoridad y por resistencia o desobediencia.



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