Se tramitan quejas sobre la escasez de medios personales (docentes y no docentes) y materiales en los centros; denegación de ayudas económicas destinadas a distintas finalidades educativas (escolarización en niveles no obligatorios, adquisición de libros de texto) o denegación de la prestación gratuita de determinados servicios escolares complementarios (transporte, comedor escolar, …); becas y ayudas al estudio; mal estado de las instalaciones educativas, el sistema de admisión de alumnos; las sanciones a los alumnos; la violencia escolar; y la información que los centros de enseñanza proporcionan a los padres.
La institución interviene a favor de la educación inclusiva de los niños con discapacidad en aplicación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, y sobre la inadecuada atención a alumnos con problemas de aprendizaje (alumnos con dislexia, afectados por trastorno de déficit de atención por hiperactividad…).
Hay que destacar las quejas relativas al trato recibido por los menores en centros de protección; la duración de los procedimientos para acoger y/o adoptar menores tanto en España como en otros países; la escasez de recursos y programas de apoyo a las familias y a los menores con problemas específicos; y la prolongada estancia en centros de menores pese a que las normas priorizan el acogimiento familiar.
Las quejas versan sobre la determinación de la edad de los menores extranjeros no acompañados; declaración de desamparo y alcance y cesación de la tutela; problemas en la documentación de la residencia legal; traslados de menores entre Comunidades Autónomas; Registro Central de Menores no acompañados; repatriaciones; y menores víctimas de trata.
Las quejas se refieren a dilaciones producidas en la tramitación de los procedimientos judiciales que afectan a los menores; menores víctimas de malos tratos y abusos sexuales; sustracción interparental; trato en centros de internamiento de menores infractores; y la responsabilidad administrativa del menor.
