Actuaciones por la crisis del Covid-19

17/04/2020

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, continúa en contacto permanente con todas las administraciones (estatal, autonómica y local) para transmitirles las quejas y preocupaciones ciudadanas que llegan a la Institución sobre la crisis sanitaria del Covid-19.

La Institución ha trasladado al Ministro de Sanidad, Salvador Illa, su preocupación por la situación de los niños que se encuentran confinados en sus casas, especialmente al mantenerse las medidas excepcionales durante un periodo dilatado de tiempo.

El Defensor comprende y comparte esta preocupación por la salud física y mental de los niños y niñas que le trasladan numerosos ciudadanos. Además, apunta que son muy difíciles las condiciones de convivencia para los menores y sus familias cuando el número de miembros de la unidad familiar es alto y las viviendas reducidas.

Por ello, y aunque aprecia positivamente la eficacia que está demostrando la restricción de movimientos de los ciudadanos para el objetivo prioritario de detener la epidemia, la Institución cree que, en la medida en que sea posible y si no hay objeciones técnicas, debería permitirse algún tipo de salida de los menores con sus padres, aún limitada en el espacio y el tiempo, de manera controlada, tal y como ya sucede en algunos países de nuestro entorno.

Recomendaciones por las restricciones a la libertad de circulación

El Defensor ha formulado tres recomendaciones a la Secretaría de Estado de Seguridad para proteger a las ciudadanas y ciudadanos ante las restricciones de derechos que conlleva el decreto por el que se establece el estado de alarma y garantizar la igualdad de trato en todo el territorio.

La Institución recibió una queja de la Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía que denunciaba que la falta de información administrativa impide a la ciudadanía conocer por adelantado las restricciones impuestas a su derecho fundamental a circular libremente. En opinión de esta asociación, la norma puede generar inseguridad jurídica a los ciudadanos dado que establece que el agente de la autoridad es el que tiene la potestad de decidir si una persona está saliendo legítimamente o no de casa y, por tanto, si puede o no sancionarla.

Para evitar que se produzcan estas vulneraciones de derechos, Fernández Marugán ha recomendado elaborar unas instrucciones internas dirigidas a la Dirección General de la Policía y a la Dirección General de la Guardia Civil en las que se clarifiquen los supuestos en los que no se pueden sancionar determinadas actividades ciudadanas que sí están amparadas por las excepciones que recoge el Real Decreto por el que se declara el estado de alarma.

Por otra parte, el Defensor ha pedido que se dé publicidad de las instrucciones para que los ciudadanos conozcan los límites y restricciones existentes en los derechos fundamentales que han quedado afectados por el estado de alarma, garantizando, como establece la normativa vigente, la “integridad, veracidad y actualización de la información”.

Por último, tras constatar que algunas autoridades locales han establecido nuevas restricciones a las ya impuestas por el decreto que establece el estado de alarma, la Institución ha recomendado instar a las entidades locales a eliminar cualquier bando o comunicado en el que se recojan mayores restricciones a las ya contempladas en el Real Decreto para garantizar la igualdad de trato a la ciudadanía en todo el territorio nacional.

Ante las importantes cifras de detenciones (2.845 personas) y sanciones (330.135) publicadas por el Ministerio del Interior relativas al período del 15 de marzo al 4 de abril, el Defensor también ha solicitado al Ministerio del Interior información sobre los expedientes  sancionadores incoados por el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil; las sanciones impuestas por agentes de ambos cuerpos y las instrucciones dictadas para unificar criterios sobre el tratamiento de expedientes sancionadores. El objetivo de esta solicitud de datos es llevar a cabo un análisis global del régimen sancionador durante el estado de alarma, con el fin de compulsar si se ha actuado de manera correcta y proporcional.

Residencias de mayores

El Defensor lleva años alertando de las carencias de medios y personal en muchos de los centros residenciales para personas mayores que se reparten por la geografía nacional. Problemas estructurales que se han dejado ver con toda su crudeza en la actual crisis.

A juicio de la Institución, el sistema residencial en España da una atención sanitaria a sus residentes de carácter general que no debe impedir que, en caso de que se detecten problemas o se necesite una atención más especializada, sean derivados al sistema público de salud que proceda. Otro modelo de residencias de mayores, más propiamente sociosanitario, con atención médica y de enfermería más amplia y extensa, sería posible, pero en España no está regulado ni ha sido así organizado de forma general para todo el sistema. Ante la pandemia, la dramática situación que se vive en muchos centros refleja las dificultades del modelo para adoptar medidas suficientes de prevención y reacción y exige una revisión profunda del sistema.

En este contexto, la Institución sigue con atención la situación que se vive en las residencias y ha abierto una actuación de oficio con todas las consejerías autonómicas con competencias en la materia.

El Defensor les ha pedido información sobre aspectos tales como las medidas adoptadas para dotar o reforzar la atención sanitaria en centros residenciales públicos o privados; los protocolos seguidos en la derivación de residentes a centros hospitalarios; o la habilitación de centros y establecimientos públicos o privados para la atención monográfica por Covid-19.

Por otra parte, la Institución cree que los familiares de los usuarios tienen derecho a obtener información completa y actualizada sobre su estado de salud. Finalmente, ante la imposibilidad de las visitas, el Defensor del Pueblo quiere hacer hincapié en la necesidad de utilizar herramientas prácticas y tecnológicas que permitan a los usuarios comunicarse con sus seres queridos.

Otros colectivos

El Defensor también ha realizado actuaciones con la Secretaría de Estado de Seguridad para interesarse por los problemas que tienen las personas celiacas para adquirir productos aptos para ellos. La Federación de Asociaciones de Celiacos planteaba a la Institución que, en ocasiones, los establecimientos que venden estos productos están alejados de sus domicilios y si se desplazan para obtenerlos se arriesgan a ser multados.

Por otra parte, tras recibir una queja de la asociación Plena Inclusión en la que denunciaban el acoso que sufren algunas personas con discapacidad intelectual cuando salen a dar paseos terapéuticos, paseos que sí permite el decreto por el que se regula el estado de alarma, el Defensor inició otra actuación ante la Secretaría de Estado de Seguridad. En su escrito, Fernández Marugán ha propuesto a la citada administración que, dado que desde el punto de vista normativo no existe impedimento a estos movimientos, realice una campaña de divulgación y difusión sobre la existencia de estas excepciones para que las personas con discapacidad no sean víctimas de acoso o agresiones. Además, pide que se sancione a quienes con su conducta incívica vulneren el derecho de estas personas a ejercer su libertad de circulación y sus salidas terapéuticas mientras dure el confinamiento decretado en el estado de alarma.

Educación

En estos días, también se están recibiendo quejas relacionadas con el cierre de los centros educativos. Fernández Marugán es consciente de las consecuencias académicas que esta crisis sanitaria tendrá sobre los alumnos y alumnas, especialmente, sobre los que no pueden tener acceso a los sistemas de educación a distancia por no disponer de los medios técnicos necesarios o por la falta de medidas de accesibilidad, lo que constituye un factor de desigualdad social que compromete el acceso a la educación en igualdad de condiciones.

El Defensor está haciendo un seguimiento de las líneas de actuación que a través de la Conferencia Sectorial están consensuando tanto el Gobierno de la nación como los gobiernos de las comunidades autónomas para que ningún alumno resulte perjudicado por esta excepcional situación.

Fernández Marugán es partidario de que se establezcan medidas para atender a los alumnos sin acceso o con acceso limitado a la formación no presencial y considera necesario llevar a cabo refuerzos educativos en los próximos cursos para suplir las carencias formativas que se hubieran producido en este. En su opinión, estos  refuerzos deberían ofertase desde ahora y para todos los alumnos y no sólo para los que presenten necesidades específicas.

En algunos casos puntuales la Institución ya ha realizado actuaciones para garantizar que menores con algún tipo de discapacidad puedan recibir los apoyos que necesitan. El Defensor recuerda que las diferentes administraciones educativas deben garantizar el acceso universal a la educación virtual cumpliendo con las medidas de accesibilidad, de modo que todos los alumnos puedan acceder a los contenidos lectivos y realizar las actividades propuestas.

Situación Ceuta y Melilla

Por otra parte, el Defensor también se ha interesado por la situación en los centros de estancia temporal para inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla. Fernández Marugán ha traslado al Ministerio del Interior y al de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones su preocupación por la tradicional sobreocupación de estos dos centros, en los que, además, suele encontrarse un número significativo de menores. Así, aboga por continuar con los traslados a la península para evitar que se puedan producir contagios en unas dependencias que, en su opinión, no están preparadas para tal eventualidad.

Al Defensor le preocupa especialmente la situación de las familias con menores a su cargo que se encuentran en estos centros. Así, Fernández Marugán ha formulado una sugerencia a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras para que autoricen urgentemente el traslado a la península de una mujer marroquí y sus tres hijos que llevan en el CETI de Melilla desde hace siete meses. Según la queja presentada en la Institución por la Asociación pro derechos de la infancia, la mujer es víctima de violencia de género y padece asma crónico, lo que le hace especialmente vulnerable al Covid-19. El hermano de la mujer, residente legal, vive en en la península por lo que podrían ser acogidos inmediatamente.

Por otra parte, la Institución ha tenido conocimiento de la situación en la que se encontraba un joven internado en el centro de protección de menores “Gota de Leche” de Melilla que al cumplir la mayoría de edad estos días quedó en situación de calle. El joven está a la espera de un trasplante de riñón y se somete a diálisis cada tres días pese a lo cual ha sido alojado en las carpas ubicadas a las fueras de la ciudad, unas instalaciones que no reúnen las condiciones para acoger a un enfermo de estas características.

Fernández Marugán ha formulado una sugerencia a la Consejería de Economía y Políticas Sociales de la ciudad de Melilla para que se le reingrese en el centro de menores en el que se encontraba de acuerdo con las recomendaciones dictadas por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales que especifica que se prorrogará la estancia de los jóvenes tutelados que alcancen la mayoría de edad, siempre y cuando voluntariamente decidan continuar, hasta que finalice este período de emergencia. En este sentido, el Defensor incide en la especial vulnerabilidad en la que se encuentra este joven por la grave enfermedad que padece. 

Menores extranjeros no acompañados

El Defensor valora positivamente que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones haya aceptado las recomendaciones que le realizó a principios de marzo para mejorar la documentación de los menores extranjeros no acompañados y facilitar su tránsito a la vida adulta en igualdad de condiciones que el resto de jóvenes españoles y extranjeros.

Con sus resoluciones, Fernández Marugán pretendía garantizarles todos los derechos que les corresponden como niños y niñas y evitar que cuando alcancen la mayoría de edad tengan que abandonar su situación de regularidad documental por los elevados requisitos que se les exigen.

En su escrito, el ministro acepta las recomendaciones y asegura que comparte con el Defensor la necesidad de establecer mecanismos que permitan que el menor que alcanza los 18 años pueda acceder al mercado laboral en las mismas condiciones que los jóvenes españoles o los extranjeros que residen con sus familias.

Así, expone que en la reforma de la normativa de extranjería que tiene previsto iniciar, se abordará la racionalización del sistema de documentación de estos menores  para evitar que cuando accedan a la mayoría de edad se vean abocados a abandonar su situación de regularidad documental por la alta exigencia de requisitos.

Fernández Marugán recomendaba modificaciones en el Reglamento de Extranjería al entender que la interpretación rigurosa de la norma actual provoca situaciones injustas y perjudiciales para estos menores.

A lo largo de los años, la Institución ha recibido numerosas quejas que ponen de manifiesto las dificultades de estos menores para acceder a la autorización de residencia y para renovarla una vez que alcanzan la mayoría de edad. Las quejas recibidas también demuestran que con alarmante frecuencia un elevado número de menores extranjeros no acompañados no obtienen la autorización de residencia que les corresponde durante su minoría de edad.

El Defensor celebra que el ministro coincida con las tesis sostenidas por la institución para modificar el procedimiento para la concesión de la residencia a la que tienen derecho estos menores, así como para proceder a la renovación de la misma.

Protección de los trabajadores

A lo largo del estado de alarma y confinamiento, el Defensor del Pueblo ha emprendido varias actuaciones para mejorar la protección de los trabajadores, aunque reconoce la amplitud de las medidas adoptadas para proteger a autónomos, desempleados y colectivos vulnerables afectados por la crisis del Covid-19.

Destaca la actuación realizada con el Ministerio de Trabajo y Economía Social sobre la situación de muchos ciudadanos, actualmente desempleados, que estaban inmersos en un cambio laboral cuando estalló la crisis.

Se trata de personas que causaron baja voluntaria en su empresa pero que luego no pudieron acceder al nuevo trabajo o se vieron afectados por la rescisión empresarial de su contrato durante el periodo de prueba.

El SEPE les denegó la prestación por desempleo (o subsidio asistencial, en su caso) basándose en la normativa en vigor, que reserva dicha prestación a las pérdidas involuntarias del trabajo y no a las voluntarias. La regulación también considera la rescisión empresarial del contrato durante el periodo de prueba como una situación neutra, que solo permite el acceso a la prestación por desempleo cuando han transcurrido más de tres meses desde la anterior pérdida del trabajo por baja voluntaria.

Así las cosas, estas personas se encuentran desempleadas, sin perspectivas de encontrar un nuevo empleo a corto plazo y sin protección social específica, pese a reunir en muchos casos el periodo de carencia de 360 días.

El Defensor del Pueblo ha pedido a Trabajo una modificación normativa  para que, dadas las actuales circunstancias extraordinarias, las bajas voluntarias que recogen los casos descritos se califiquen como involuntarias y, por tanto, tengan derecho a protección por desempleo.

Otra actuación destacada de la Institución se produjo tras recibir numerosas quejas de trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia de la localidad barcelonesa de Igualada (y de otros municipios limítrofes), sin posibilidad de acudir a sus lugares de trabajo por el duro confinamiento ordenado por la Generalitat de Catalunya, antes incluso de la declaración del estado de alarma y con unas exigencias mucho más estrictas de prohibición de desplazamientos.

El Defensor pidió equiparar el riguroso confinamiento de esos trabajadores y el aislamiento preventivo por el Covid-19 con la protección social propia de la incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo. La Institución ha celebrado que su planteamiento haya sido plenamente acogido en el Real Decreto-ley 13/2020.

Por otra parte, la Institución también ha actuado de oficio para que el periodo de aislamiento preventivo por Covid-19, se considere situación incapacidad temporal por accidente laboral por asimilación, en lugar de incapacidad temporal derivada de enfermedad común por asimilación. La tesis del Defensor del Pueblo fue acogida normativamente por el artículo 5 del Real Decreto-ley 6/2020, modificado recientemente por el Real Decreto-ley 13/2020.

Condiciones laborales empleados públicos

La Institución ha iniciado actuaciones para interesarse por las condiciones laborales en las que están realizando su labor los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los bomberos y los funcionarios de los centros penitenciarios. Así, por ejemplo, tras recibir una queja del Sindicato Profesional de Policías y Bomberos (SPPLB), el Defensor se ha dirigido a la Secretaría de Estado de Seguridad para conocer las medidas para proteger su seguridad y su salud durante la pandemia.

También se ha registrado en la Institución una comunicación del sindicato CSIF sobre la situación del personal penitenciario. En este sentido, en un escrito al Ministro del Interior, el Defensor planteaba que este personal presta un servicio esencial por lo que, en su opinión, se les debía facilitar los dispositivos de detección del Covid-19, así como los equipos de protección individual necesarios para su trabajo.

Decreto trabajadores agrícolas

La crisis sanitaria por el Covid-19 ha coincidido con el inicio de las principales campañas agrícolas en España. Campañas que no cuentan con mano de obra suficiente para llevarlas a cabo, lo que podría suponer un desabastecimiento de ciertos productos alimentarios con el consiguiente incremento de precios. En este contexto, el Defensor abogaba por dotar de autorizaciones para trabajar a ciudadanos que se encuentran en situación regular en España pero que no pueden acceder al mercado laboral al no contar con autorización de trabajo al entender que podrían incorporarse a estas tareas.

La semana pasada, el Gobierno aprobó un decreto en el que se aprueba la concesión de autorizaciones de trabajo a jóvenes migrantes extutelados, tal y como proponía el Defensor. Fernández Marugán confía en que en futuras normas se incluya también la posibilidad de dotar a solicitantes de protección internacional, titulares de la conocida como “tarjeta roja”, de autorizaciones para trabajar.

La Institución también está realizando actuaciones para agilizar la documentación de personas que cuentan con formación sanitaria para que puedan incorporarse a trabajos que les permitan ayudar en la emergencia sanitaria actual. En este sentido, se han formulado sugerencias que en algunos casos ya han sido aceptadas por las administraciones competentes. Además, se ha formulado una recomendación a la Dirección General de Ordenación Profesional y a la Secretaria General de Universidades para que facilite la incorporación de los profesionales sanitarios que en el momento actual permanezcan a la espera de finalizar la homologación o reconocimiento de su formación sanitaria. 

Impuestos

La Institución valora positivamente la decisión del Gobierno de ampliar en un mes el plazo que tienen pymes y autónomos para cumplir con sus obligaciones tributarias (IVA trimestral, retenciones de IRPF y pagos fraccionados de Sociedades). En una carta remitida al Ministerio de Hacienda el pasado 31 de marzo, el Defensor pidió que se flexibilizaran los plazos tributarios que ambos colectivos debían afrontar en el futuro inmediato.

Entre otras medidas, la Institución propuso la posibilidad de trasladar el plazo de dichas obligaciones al mes de mayo, para que la presentación se haga cuando es previsible que el descenso de contagios e ingresados por coronavirus ofrezca cierta esperanza económica para los obligados tributarios.

No obstante, el Defensor no descarta que sea necesaria una nueva ampliación, en función de la evolución general de la pandemia

Por otra parte, el Defensor mantiene su petición para que también se amplíen los plazos para la campaña de Renta y Patrimonio 2019 hasta que se mantengan las limitaciones para el contacto social o hasta el próximo 30 de septiembre. Con ello, se daría más margen fiscal a todas aquellas personas que, debido a la crisis del Covid-19, pueden estar experimentando dificultades para acceder a la documentación y datos necesarios para realizar la presentación.

La Institución cree que también se podrían barajar medidas de alivio del Tesoro y ha propuesto la posibilidad de modificar la normativa para que aquellos ciudadanos que renuncien a su devolución del IRPF de la campaña 2019, puedan recibirla mediante compensación en los próximos cuatro ejercicios.

Actuaciones urgentes por cortes de luz y gas

El Defensor del Pueblo lleva tiempo defendiendo la idea de que la energía eléctrica es esencial para la protección de la salud de las personas y para una vida digna. La luz es un suministro esencial y en un escenario de alerta como el que vivimos se hace aún más imprescindible, ya que su falta pone en peligro el ejercicio de derechos constitucionales como la educación o el derecho a recibir y comunicar información.

Por ello, la Institución pide a las administraciones que, durante esta crisis, movilicen los recursos necesarios para asegurar la continuidad y calidad de los suministros de energía esenciales (luz y gas) en los domicilios habituales, tal y como establece el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que habilita a las autoridades competentes a adoptar medidas extraordinarias de garantía de suministro.

El Defensor del Pueblo ha actuado en varias ocasiones con carácter de urgencia tras recibir quejas por cortes de luz o de gas a lo largo de la crisis.

Es el caso de la zona norte de Granada, donde muchos vecinos de la Barriada de La Paz padecen un servicio deficiente desde mediados de marzo. Se da la circunstancia de que este asunto no es ajeno a esta Institución, que ya inició actuaciones en 2019 ante la Consejería de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía.

Otro caso representativo es el de un particular en Murcia que llevaba alrededor de un mes sin luz hasta que la intervención del Defensor ha conseguido solucionar el problema.

La Institución también intervino de urgencia tras recibir la queja de un corte de suministro eléctrico a una persona mayor residente en Alicante. El afectado subsiste con una pensión de invalidez absoluta de 873 euros y tiene una deuda con una compañía eléctrica que solo le ofrece la opción de un fraccionamiento de la deuda, pagando una primera cuota de 600 euros. El Defensor ha iniciado actuaciones con la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la Generalitat Valenciana.

Destaca también el caso de un vecino de El Molar (Madrid) que sufrió un corte de suministro eléctrico en su vivienda por no poder pagar los recibos debido a su precaria situación económica. El Defensor ha abierto actuaciones con el Ayuntamiento de la localidad, con la Mancomunidad de Servicios Sociales de la Vega de Guadalix y con la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid y ha proporcionado al afectado un listado de comercializadoras de referencia, que son aquellas que suministran energía eléctrica a precio regulado y son las únicas que pueden aplicar el descuento del bono social eléctrico.

Por último, en materia de energía, se ha abierto una actuación para que se incluya en el catálogo de actividades esenciales durante el estado de alarma, la producción y distribución de biomasa (Pellet) para las calefacciones.

Ética asistencial

El Defensor del Pueblo ha recibido quejas de ciudadanos acerca de la posible priorización de pacientes en esta crisis, que muestran una lógica preocupación por la atención sanitaria que reciben sus allegados, especialmente cuando se trata de personas mayores o con discapacidad.

Sobre este asunto, la Institución coincide con la posición del Comité de Bioética de España, que en un reciente informe ha recordado que la priorización es algo inherente a cualquier sistema de salud público y de cobertura universal, como el nuestro, y no algo exclusivo de la situación de crisis actual, aunque en ella los dilemas éticos cobran una especial intensidad. El informe del Comité recuerda también la necesidad de singularizar las decisiones de esta naturaleza aplicadas a cada paciente.

Además, el Defensor reitera su confianza plena en la gran profesionalidad y preparación del personal sanitario y en su capacidad insustituible para tomar las decisiones éticas y deontológicas más difíciles en una situación extrema.

Para que puedan desempeñar esa labor fundamental, cree necesario recordar que los sanitarios deben contar con todos los medios materiales imprescindibles para realizar su función y, también, con el respaldo decidido de las autoridades sanitarias.

Por ello, ya en los inicios de esta crisis, el Defensor pidió al Ministerio de Sanidad “un procedimiento claro de actuación en todos los servicios de salud”, para que los profesionales puedan seguir unos criterios generales a la hora de tener que tomar decisiones médicas en situaciones extremas. En esta línea, la Institución valora positivamente el documento publicado por Sanidad el pasado 3 de abril que, entre otras cosas, rechaza cualquier forma de discriminación en la atención a los pacientes por su condición de edad o discapacidad.

El Defensor del Pueblo también ha iniciado una actuación de carácter general con todas las administraciones sanitarias autonómicas para pedir información sobre varios aspectos relacionados con la dotación de recursos especializados, especialmente en las unidades de atención intensiva; la disposición de materiales de protección y otros productos necesarios; la realización de pruebas diagnósticas; la atención sanitaria prestada en centros residenciales; el protocolo de alta hospitalaria de pacientes recuperados; o la reorganización de la red asistencial autonómica.

Otros asuntos económicos

En estos días la Institución también tramita actuaciones por el bloqueo de cuentas a ciudadanos, lo que conlleva un problema de acceso a dinero y dificultades para poder resolver la cuestión, dadas las limitaciones decretadas por el estado de alarma.

Por otro lado, se ha pedido información a Correos tras recibir quejas ciudadanas que denuncian un posible incumplimiento de su condición de prestador del servicio postal universal durante el estado de alarma. También se ha preguntado a la Sociedad Estatal si contempla ampliar el plazo inicialmente previsto para que los ciudadanos puedan recoger sus paquetes, dado que el estado de alarma impide la recogida en los plazos inicialmente previstos.

Por último, el Defensor también dedica especial atención al colectivo de personas que necesitan de teleasistencia domiciliaria, en su mayoría de edad avanzada, que no reciben el servicio correctamente o no ven resueltos sus problemas con la rapidez necesaria.

Centros Penitenciarios

El Defensor continúa en permanente contacto con los responsables de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP), que ya han enviado información sobre las actuaciones que están realizando para preservar la salud de internos y funcionarios. Esta información demuestra el importante esfuerzo que está realizando la SGIP. No obstante, la Institución le ha solicitado información más detallada.

Así, le ha preguntado si están aplicando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa para abordar el problema del Covid-19 en el medio penitenciario que son “plenamente” compartidas por el Defensor del Pueblo.

También le ha solicitado datos sobre cambios en la clasificación penitenciaria de personas vulnerables como mayores de 70 años, mujeres embarazadas o enfermos crónicos desde que se decretó el estado de alarma y medidas de carácter sanitario adoptadas para proteger a estos grupos. La Institución aboga por facilitar las progresiones de grado de estas personas. En este sentido, considera que se debe impulsar la celebración de juntas de tratamiento telemáticas y la remisión de la documentación precisa por vía electrónica.

Además, se ha interesado por los protocolos de comunicación con las familias para informarles de la situación sanitaria de los internos. Fernández Marugán considera que en este momento es fundamental que la información fluya cotidianamente para prevenir la propagación de noticias falsas (fake news). Por otra parte, ha pedido más información sobre las medidas adoptadas para la adecuada protección de los funcionarios, la desinfección de centros y la realización de tests.

Por último, la Institución también ha abierto una actuación de oficio con las administraciones penitenciarias para conocer cómo se está llevando a cabo el reparto de teléfonos móviles para videoconferencias con familiares y abogados. El Defensor considera que debe incrementarse el número y la velocidad en la distribución de estos terminales.

La Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Generalitat de Cataluña todavía no ha enviado información sobre las medidas que han puesto en marcha.

Fernández Marugán lamenta los dos fallecimientos que se han producido desde el inicio de la crisis sanitaria (un funcionario y una interna). No obstante, constata que las medidas adoptadas hasta el momento han resultado positivas para prevenir la mortalidad.

La labor preventiva del MNP

La Institución, que también actúa como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), ha continuado realizando un seguimiento de la situación en la que se encuentran los centros de privación de libertad.

Los nuevos contactos realizados en estos días con centros penitenciarios de toda España ponen de manifiesto que se ha incrementado el número de equipos de protección personal distribuidos y se ha llevado a cabo la desinfección de muchos de estos lugares. No obstante, el personal penitenciario contactado sigue mostrando su preocupación por los retrasos en la práctica de pruebas de detección de Covid-19.

También se ha detectado una distribución desigual de los teléfonos móviles para hacer videollamadas con familiares. El MNP considera que es necesario que estos terminales lleguen de manera urgente a los centros que todavía no los han recibido y que se resuelvan los problemas técnicos detectados. En su opinión, debería aumentarse el número de teléfonos para intentar que en la situación actual puedan servir para paliar la falta de comunicaciones presenciales.

Por otra parte, la Institución está recabando información sobre la conservación de las imágenes de las cámaras de videovigilancia. Además, se ha puesto especial énfasis en que las quejas y escritos dirigidos por los internos e internas al Defensor se tramitan desde los centros penitenciarios con normalidad o con mayor celeridad, si cabe. También se está recabando información para conocer cómo se van a hacer compatibles las medidas relativas al estado de alarma y la celebración del Ramadán en el interior de las prisiones.

Videollamadas con internos de los CP

Técnicos del MNP, haciendo uso de este nuevo sistema de videollamadas se han entrevistado con siete internos del CP Madrid III y con ocho internas del CP de Cáceres. Todos ellos han acogido favorablemente la iniciativa de las videollamadas y creen que podría resultar positivo mantener este sistema más allá de la crisis actual.

En las entrevistas a los internos del CP Madrid III, relataron que el día anterior a que se decretara el estado de alarma el director del centro acudió a los módulos para explicar la situación en la que se encontraban y las medidas que debían adoptarse (suspensión de vis a vis, locutorios, permisos, etc.).

Las personas contactadas también explicaron que las actividades de este CP han sido suspendidas pero que se ha flexibilizado el horario de las salidas al patio y el uso de las celdas, de modo que el interno que lo desea puede permanecer en su celda la mayor parte del día. Según refieren, no se les ha proporcionado material de higiene adicional pero destacan que junto a las cabinas de teléfono se han colocado dispensadores de gel desinfectante. Algunos de los internos entrevistados perciben más tensión y nerviosismo en los módulos, aunque consideran que la actitud de los funcionarios durante esta crisis es correcta y coinciden en que la mayoría de servicios (enfermería, economato, comedor, etc.) funcionan con normalidad.

En la actualidad, el MNP ya ha contactado con 34 lugares de privación de libertad: los centros penitenciarios de Salamanca, Almería, Antoni Asunción (Valencia), Teruel, Murcia, San Sebastián, Texeiro (A Coruña), Villabona (Asturias), Madrid I, II, III, IV, V y VI; los CIE de Madrid, Tenerife, Valencia y Las Palmas; el centro de primera acogida de inmigrantes de Tenerife; el registro central de detenidos, los centros de menores infractores Los Alcores de Carmona (Sevilla), La Alzina (Barcelona), El Lavadero (Madrid); la sala de asilo y de inadmitidos del aeropuerto de Barajas (Madrid); las Comisarías del Cuerpo Nacional de Policía Actur Rey Fernando (Zaragoza), Adeje (Tenerife), distrito centro de Madrid; la Comisaría de los Mossos de Girona y los centros San Juan de Dios Ciempozuelos (Madrid), Sanatorio Esquerdo (Madrid), Instituto psiquiátrico José Germain (Madrid), Mentalia Arévalo, Hospital Nuestra Señora del Carmen en Garrapinillos (Zaragoza), Hospital Psiquiátrico de Conxo (A Coruña).

Los CIE

Desde los primeros días de la crisis sanitaria, Fernández Marugán pidió la puesta en libertad de las personas que se encontraban recluidas en los centros de internamiento de extranjeros (CIE) ya que en la situación actual no se podía proceder a su devolución o expulsión. Fernández Marugán valora el esfuerzo realizado por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y por la Secretaría de Estado de Migraciones para adoptar las medidas de coordinación que han permitido poner en libertad a los internos derivándoles a los recursos disponibles de acogida humanitaria.

El Defensor reitera su reconocimiento a todos los profesionales que continúan en su puesto permitiendo que los ciudadanos podamos disponer de todos los servicios esenciales y recuerda que aunque la atención presencial en la sede continúa suspendida se sigue atendiendo en el teléfono 900 101 025 y a través de la web del Defensor del Pueblo.