Día internacional del migrante

18/12/2020

En el Día internacional del migrante, el Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, reitera su compromiso con las personas migrantes y presenta un documento con las actuaciones más relevantes de la Institución en materia de migraciones durante 2020. Este año, han sido seis los asuntos que han sido originado el mayor número de actuaciones por parte del Defensor.

Problemas con la tramitación de documentación

El mayor número de quejas remitido por la población extranjera residente en España aludía a problemas con la tramitación de su documentación. En un primer momento, se referían a la imposibilidad de conseguir cita en la policía por trámites relacionados con solicitudes de protección internacional. Sin embargo, a estas quejas se han sumado las de cientos de residentes legales que exponían la imposibilidad de acceder a una cita previa en las comisarías de Policía de sus lugares de residencia. En la actualidad, hay actuaciones abiertas en 22 provincias.

Tras decretarse el primer estado de alarma se suspendió la atención presencial y se incrementó la demora en la tramitación de la documentación de estas personas. Muchos ciudadanos se dirigieron al Defensor para exponer los obstáculos que les provocaba tener sus tarjetas de identidad de extranjeros (TIE) caducadas.

Fernández Marugán formuló una recomendación a la Dirección General de Migraciones, que ha sido aceptada, para la adopción de medidas que contribuyan a paliar la situación ocasionada por la insuficiente dotación de medios personales y materiales con los que cuenta la Policía Nacional para afrontar esta situación.

Con casi seis millones de residentes legales que hay en la actualidad en España, en opinión del Defensor, el Ministerio del Interior debería revisar con urgencia los medios personales y materiales asignados a la tramitación de la documentación de extranjeros.

Llegadas irregulares

Según datos del Ministerio del Interior, casi 40.000 personas han llegado a España de manera irregular durante este año. Fernández Marugán insiste en que estamos ante un “efecto expulsión”. “La situación que se vive en los países de origen empuja a miles de personas a arriesgar sus vidas lanzándose al mar”.

El Defensor recuerda que las llegadas irregulares a las costas españolas se producen de manera invariable desde hace más de treinta años. “Con la situación de alerta sanitaria, se han hecho aún más evidentes las carencias estructurales, que van perpetuándose con el paso del tiempo y que deberían ser corregidas”.

A su juicio, tal y como ha señalado en otras ocasiones, “la dispersión de competencias en materia de gestión migratoria entre diferentes departamentos ministeriales y entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos es una cuestión que explica en parte las carencias de coordinación que, una vez más se han podido apreciar”.

A finales de julio se iniciaron actuaciones de oficio con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, así como con las cinco comunidades autónomas (Andalucía, Baleares, Canarias, Murcia y Comunidad Valenciana) que reciben desde hace años a personas extranjeras para conocer las medidas sanitarias estaban adoptando ante posibles casos de COVID-19.

Por otra parte, ante el repunte de llegadas en Canarias, técnicos de la Institución inspeccionaron durante las dos últimas semanas de noviembre más de una veintena de centros e instalaciones relacionados con la llegada irregular de personas migrantes en Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma y El Hierro. Las conclusiones y resoluciones de estas visitas se recogerán en un documento monográfico.

Una vez más, el Defensor tiene que denunciar la situación en la que quedan las personas que no pueden ser retornadas a sus países de origen de manera inmediata por diversos motivos. Fernández Marugán considera imprescindible que se les facilite una constancia escrita de la imposibilidad temporal de materializar la decisión de retorno que les evite constantes traslados a dependencias policiales y les permita una gestión racional y eficaz de los recursos de acogida humanitaria. La Institución ya formuló una recomendación en este sentido en 2018.

También en 2020 el Defensor ha tenido que llamar la atención sobre la situación del CETI de Melilla y ha recomendado al ministro del Interior trasladar de manera urgente a la península a las personas más vulnerables. Se llevaron a cabo algunos traslados, pero a juicio de la Institución no resuelven la situación de este centro.

Reforma del Reglamento de extranjería

En 2020, se han formulado recomendaciones al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para la reforma del Reglamento extranjería que han sido aceptadas.

El Defensor considera que la modificación de algunos preceptos del Reglamento de extranjería podrían contribuir a la mejora del régimen jurídico que regula las condiciones de trabajo y residencia y para la reagrupación familiar.

Son dos las cuestiones que se repiten mayoritariamente en las quejas. La primera se refiere a la interpretación restrictiva de la norma que realizan las distintas oficinas de extranjería, con significativas diferencias entre ellas. La segunda constata que el desarrollo reglamentario de algunos artículos de la ley de extranjería, dificulta la incorporación al mercado laboral de dos colectivos: los menores extranjeros, en edad laboral y los familiares reagrupados.

Vías para evitar la irregularidad sobrevenida

La mayoría de las quejas recibidas durante 2020 relacionadas con la irregularidad sobrevenida se refieren a ciudadanos extranjeros, que tras pasar años como solicitantes de asilo, ven denegada su solicitud y caen en la irregularidad documental, a pesar de su plena integración social y de su incorporación al mercado laboral en muchas ocasiones.

Tras más de cinco años, alertando acerca de esta situación, finalmente en 2020 la Administración ha aceptado la Recomendación formulada por el Defensor del Pueblo, admitiendo la compatibilidad entre los procedimientos de protección internacional y las solicitudes de residencia por arraigo.

Fernández Marugán reconoce el esfuerzo de la Secretaría de Estado de Migraciones que con las instrucciones dictadas en los últimos meses ha querido atajar las consecuencias que la crisis derivada de la alerta sanitaria está teniendo en la población extranjera residente en España.

Integración sociolaboral de los menores extranjeros no acompañados

En marzo, a través de una instrucción de la Dirección General de Migraciones, se corrigió la práctica, reiteradamente denunciada por el Defensor del Pueblo, de no autorizar a trabajar a los menores extranjeros no acompañados, mayores de 16 años.

Unas semanas después de su publicación se decretó el estado de alarma. El Defensor propuso la incorporación al mercado de trabajo (en los sectores de cuidados, agrario y sanitarios) a ciudadanos extranjeros, residentes legales en España, que no estaban autorizados a trabajar. En concreto, se refería a los solicitantes de asilo con menos de seis meses de estancia en España y a los jóvenes ex tutelados con residencia no lucrativa en vigor. La propuesta fue parcialmente aceptada y se permitió a los jóvenes extranjeros entre 18 y 22 años, con autorización de residencia no lucrativa en vigor, acceder a empleos en el sector agrario.

Una vez finalizada vigencia de esta medida, una Instrucción de la Dirección General de Migraciones estableció los requisitos de acceso a una autorización de residencia y trabajo de dos años, renovables por otros dos. El Defensor celebra esta medida que, junto a la aceptación de la recomendación para la modificación del régimen jurídico de las autorizaciones de residencia de los menores extranjeros no acompañados contribuirá a la necesaria mejora de la integración socio laboral de este colectivo.

Escolarización de menores en Melilla

Durante 2020 han continuado las actuaciones (advertencias y sugerencias) para conseguir la escolarización de un grupo de menores que, a pesar de haber nacido en Melilla en su práctica totalidad, arrastran las consecuencias de ser hijos de mujeres en situación irregular que se encuentran en la ciudad durante años, e incluso décadas, pero que viven en una situación de total invisibilidad administrativa y exclusión social.

Este año finalizará sin que la mayoría de ellos estén escolarizados. Esta situación preocupa enormemente al Defensor que considera necesario seguir buscando soluciones para garantizar el derecho fundamental a la educación de estos niños y niñas.