INDEMNIZACIÓN POR CESE EN EL CARGO DE DEFENSOR DEL PUEBLO Y DE ADJUNTO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

Según lo establecido en la disposición adicional quinta, apartado 1, de la Ley 21/1986, de 23 de diciembre, el Defensor del Pueblo fue incluido entre los altos cargos para los que el artículo 10.5 de la Ley 74/1980, de 29 de diciembre, había previsto el derecho a percibir, a partir del mes siguiente al de su cese, y durante un plazo igual al que hubiera desempeñado el cargo, sin que puedan percibirse más de veinticuatro mensualidades, una pensión indemnizatoria mensual igual a la doceava parte del ochenta por ciento del total de retribuciones asignadas al cargo en el Presupuesto en vigor.

Asimismo, la disposición adicional décima de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, extendió este mismo derecho al cargo de Adjunto del Defensor del Pueblo.

No obstante, en el artículo 1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, se establece la incompatibilidad de dicha pensión indemnizatoria con cualquier retribución con cargo a los Presupuestos de las Administraciones Públicas y con la percepción de la pensión de jubilación o retiro por derechos pasivos, o por cualquier régimen de Seguridad Social público y obligatorio.

Con arreglo a esta normativa, desde la plena entrada en vigor de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, no hay ningún exDefensor o exAdjunto que se encuentre percibiendo esta indemnización.