El Defensor: “la pandemia ha puesto en valor el papel de los servicios y prestaciones públicas”

06/05/2021

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha entregado este jueves a las Cortes Generales el Informe Anual que recoge la gestión de la Institución en 2020, un ejercicio que ha estado marcado por la pandemia mundial de la COVID-19.

En dicho periodo, se tramitaron 29.335 expedientes, entre quejas (28.020), investigaciones de oficio (406) y solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad y amparo (909). A esta cifra hay que sumar los ciudadanos que fueron atendidos personalmente: 17.026, de los cuales 1.135 fueron presenciales y 15.891 a través de llamadas de teléfono. 

La Institución, por su parte, formuló a las diferentes Administraciones un total de 2.254 resoluciones, de las cuales 616 fueron recomendaciones, 1.181 sugerencias, 453 recordatorios de deberes legales y 4 advertencias.

Los asuntos relativos a la Administración de Justicia lideraron las preocupaciones ciudadanas (4.439). Le siguieron las quejas relacionadas con el empleo y la Seguridad Social (3.493), las migraciones (2.716), la educación (2.579) y la sanidad (2.183).

Según su procedencia geográfica, el mayor número de quejas vino desde la Comunidad de Madrid (7.362 expedientes), Cataluña (3.138), Andalucía (3.117) y Comunitat Valenciana (2.917), por este orden.

A lo largo del año 2020, una parte significativa estuvo, directa o indirectamente, relacionada con los efectos de la pandemia y las actividades para combatirla desarrolladas por las distintas administraciones.

Para el Defensor del Pueblo, esta crisis ha puesto de manifiesto la necesidad de valorar el protagonismo del Estado y de los servicios y prestaciones públicas. Las actuaciones de carácter socioeconómico dirigidas a la protección de trabajadores y autónomos y a paliar el crecimiento de la pobreza, el paro, la precariedad y la desigualdad han buscado suavizar el impacto económico del coronavirus, a la vez que las políticas de bienestar se han enfrentado a la pandemia.

Con este esfuerzo de protección de rentas se ha mostrado una notable capacidad de llevar a cabo la recuperación de múltiples sectores y se ha comprobado que las medidas de austeridad como las aplicadas anteriormente en la Unión Europea, fueron poco adecuadas.

Estas fueron las actuaciones más destacadas de la Institución en 2020:

SANIDAD

El Defensor del Pueblo recibió el año pasado el triple de expedientes en materia sanitaria, la gran mayoría relacionadas con la crisis generada por la COVID-19.

La pandemia ha agudizado muchas de las carencias que venía arrastrando el Sistema Nacional de Salud (SNS), que ha vivido su peor crisis desde su creación y cuya capacidad asistencial, conformada por los servicios de salud de las comunidades autónomas, se vio en los peores momentos superada. La Institución lleva años advirtiendo sobre sus debilidades y deficiencias, entre las que destaca la fragilidad de la atención primaria y de los servicios de urgencias hospitalarios, el problema crónico de las listas de espera, y la insuficiente atención pública a la salud mental. 

Son también problemas serios una presión asistencial muy alta, la restricción de algunos servicios, la escasez de profesionales en algunas especialidades y territorios, especialmente en la atención primaria, la desmotivación de los profesionales, el envejecimiento del equipamiento tecnológico y los problemas de mantenimiento de los hospitales, sobre todo los más antiguos.

En opinión del Defensor, esta crisis debe servir para “materializar grandes acuerdos y medidas legislativas y administrativas concretas” que solucionen las debilidades constatadas y a la vez consoliden las fortalezas del sistema y hagan posible su modernización, mediante un incremento inteligente de la inversión en medios materiales y humanos.

Al inicio de la crisis se recibieron quejas que expresaban el temor de muchas personas por su propia salud y la de los suyos y que lamentaban la saturación de los centros hospitalarios y la suspensión de la actividad ordinaria en los centros sanitarios de atención primaria.

Otras quejas denunciaban la escasez de camas, de personal entrenado y de respiradores, así como la falta de material de protección para el personal sanitario. Con el paso de las semanas, y el levantamiento del estado de alarma, las quejas se centraron en el cierre de consultorios locales, las dificultades en la atención primaria, el retraso de citas para consulta, pruebas y operaciones, el acompañamiento de pacientes hospitalizados y los protocolos de realización de pruebas de detección del virus y el retraso en obtener resultados.

Muchos ciudadanos también han manifestado a lo largo de estos meses su opinión sobre las medidas de salud pública. 

La Institución decidió abrir de oficio actuaciones generales con todas las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas para conocer el esfuerzo de reorganización de sus recursos y de dotación de medios para detener la expansión de la epidemia y poder determinar aspectos de mejora. Al Ministerio de Sanidad se le fueron trasladando todas las cuestiones relevantes que reflejaban las quejas y requerían una respuesta regulatoria o coordinada.

El Defensor también inició actuaciones a raíz de quejas concretas y ha seguido actuando en aquellas reclamaciones que planteaban problemas acuciantes al margen de la pandemia como listas de espera, acceso a tratamientos especiales o medicamentos, problemas en el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos, peticiones de acceso a documentos o historiales clínicos.

Asimismo, abrió un expediente con el Ministerio de Sanidad y con todas las comunidades autónomas para conocer los protocolos básicos de referencia para los centros hospitalarios de cada región en cuanto a las visitas y el acompañamiento de pacientes en la situación de emergencia. Además, pidió información sobre los problemas prácticos a la hora de viajar a España desde otros países o sobre el precio de las pruebas PCR en laboratorios privados.

Con toda la información recabada, la Institución elaboró unas conclusiones acerca del impacto que ha tenido y sigue teniendo esta emergencia sanitaria en el SNS, y sobre las necesidades o carencias que han quedado más al descubierto. Estas conclusiones fueron presentadas en las Cortes Generales a finales del mes de noviembre y se enviaron al Ministerio de Sanidad y a todas las consejerías de sanidad autonómicas.

Así, la Institución resalta que es necesario invertir más, sobre todo en atención primaria y en salud pública, y reclama más personal y más medios materiales, así como acabar con la precariedad y la temporalidad de los sanitarios. Para ello, el Defensor cree que hay que asegurar el mantenimiento y refuerzo del SNS y garantizar la cohesión territorial, mediante un acuerdo de Estado estable, similar al existente para la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social.

Urge además, dar un impulso a los servicios de salud pública, de promoción de la salud y de prevención de enfermedades, así como a la investigación sanitaria. También debe abordarse la creación de una agencia estatal de salud pública con altas capacidades de gestión y decisión, especialmente ante situaciones de emergencia.

Asimismo, las comunidades autónomas deben seguir incrementando sus recursos propios de salud pública y de vigilancia epidemiológica.

A juicio del Defensor, el refuerzo de los centros de atención primaria, de sus profesionales y de sus medios técnicos y organizativos no puede demorarse, especialmente en los territorios con más problemas de escasez y falta de personal. Esta crisis debe ser una oportunidad para dar solución a los problemas de infrafinanciación de este nivel asistencial.

Es imprescindible al mismo tiempo afianzar la estructura hospitalaria. Así, las administraciones han de contar ya con planes de refuerzo, frente a las listas de espera, en las especialidades más afectadas, para la recuperación de la atención sin demoras a todos los pacientes, en términos de calidad y seguridad. Se ha de prestar una especial atención al incremento de demanda de asistencia en salud mental.

La precariedad y la temporalidad son probablemente el mayor problema estructural para muchos trabajadores del Sistema Nacional de Salud, y cada vez en un mayor porcentaje. Por ello, es necesario que las administraciones acometan una ampliación del personal fijo acorde con las necesidades estructurales constatadas y una revisión de aquellos aspectos del marco estatutario que más lo precisan, con diálogo social y con los objetivos de racionalización y modernización que resulten imprescindibles.

Por último, esta crisis ha demostrado que es preciso hacer más efectivo el mecanismo de coordinación interterritorial. Es preciso revisar y ampliar el procedimiento de toma de decisiones conjuntas del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, aprovechando la experiencia reciente durante la emergencia sanitaria. Aspectos como la adopción de acuerdos y su fuerza vinculante o la mayor capacidad operativa de los servicios centrales deben ser abordados y mejorados.

Los acuerdos del Consejo cuando ejerce las funciones de coordinación, en determinadas materias no únicamente relacionadas con las emergencias de salud pública, deben poder ser adoptados por mayoría y obligar a todos los territorios. Por otra parte, debe ser preceptivo que esos acuerdos del consejo sean oficialmente publicados para el conocimiento de todos los agentes implicados y la ciudadanía.

ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES

El modelo de atención residencial a las personas mayores presenta problemas estructurales que se han dejado ver con toda su crudeza en la actual crisis sanitaria y respecto a los cuales lleva tiempo alertando el Defensor del Pueblo.

La dramática situación que se vivió en los primeros meses de la pandemia en muchos geriátricos refleja la escasez de medios y de personal y las dificultades para adoptar medidas suficientes de prevención y reacción, al tratarse de un modelo asistencial, que para la atención sanitaria depende de los servicios autonómicos de salud, los cuales se vieron desbordados.

El Defensor envió a finales de abril de 2020 recomendaciones a todas las comunidades autónomas para mejorar en esos momentos la atención sanitaria en los centros de mayores, la información a familiares y la protección de sus derechos.

A la vez, la Institución inició actuaciones de oficio con todas las consejerías de Política Social de las Comunidades Autónomas para conocer la respuesta dada en cada territorio a la situación provocada en las residencias por la pandemia y determinar los aspectos de mejora.

Fruto de estas actuaciones, y tras el estudio y análisis conjunto de quejas, la información oficial recibida, las distintas normas y la evolución de la pandemia, el Defensor elaboró unas conclusiones que fueron remitidas a finales de noviembre a las comunidades autónomas y al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

A juicio del Defensor del Pueblo, el examen de las respuestas, junto con los trabajos y estudios que cada entidad está realizando a partir de las duras experiencias vividas, permitirá abordar las reformas pendientes y necesarias para la plena garantía de los derechos de los mayores en el ámbito residencial.

SEGURIDAD CIUDADANA

La declaración del estado de alarma supuso un fuerte impacto sobre las libertades de los ciudadanos y a ello hay que sumar que la aplicación de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana para sancionar a quienes infringiesen las prohibiciones podía suponer el pago de multas exorbitantes.

El Defensor ha sostenido una posición crítica sobre la idoneidad de la Ley de Seguridad Ciudadana para situaciones como un estado de alarma. En este sentido, Fernández Marugán reitera que es necesario reformar algunos aspectos de esta norma para conseguir el adecuado equilibrio entre libertad y seguridad.

La Institución ha tramitado quejas referidas a las restricciones sobre la libertad de circulación, a la disconformidad con las denuncias recibidas y otras que mostraban una discrepancia general con los efectos y limitaciones impuestas a los derechos ciudadanos durante el estado de alarma.

Para proteger a la ciudadanía ante las restricciones de derechos que conlleva el estado de alarma, incrementar la seguridad jurídica y garantizar la igualdad de trato en todo el territorio, el Defensor formuló tres recomendaciones.

Por otra parte, la Institución inició una actuación de oficio para conocer las medidas con las que contaban las dependencias de privación de libertad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para evitar posibles contagios. En el marco de esta actuación se formularon resoluciones a los responsables de estos centros.

Los efectos de la covid-19 también han tenido repercusión en la Administración de Tráfico y Seguridad Vial. El Defensor inició una actuación de oficio solicitando información sobre la reorganización de las pruebas de aptitud para la obtención del permiso de conducción y la forma en que se iban a realizar dichas pruebas, adaptándolas a las directrices de las autoridades sanitarias sobre distancia de seguridad y desinfección.

En 2020 se han celebrado elecciones a dos parlamentos autonómicos que han puesto de manifiesto las dificultades para desarrollar estos procesos electorales en una situación de pandemia como la actual. El Defensor insiste en la necesidad de modernizar la Ley Electoral, “inadecuada para resolver satisfactoriamente el voto desde el extranjero, la utilización de las nuevas tecnologías en los procesos electorales y, ahora, una pandemia mundial con intensa repercusión en España”.

EDUCACIÓN

Fernández Marugán considera que “la educación es el principal instrumento de movilidad social y la mejor ayuda para superar desigualdades económicas y sociales”. A juicio del Defensor la pandemia ha tenido efectos negativos en esta materia, así, “ha mostrado un estancamiento de la función de ascensor social, que la educación venía realizando, poniendo al descubierto el carácter limitador con el que actúa”.

En las primeras semanas, tras la declaración del primer estado de alarma se suspendieron las clases y muchas familias trasladaron al Defensor sus dificultades para acceder a los sistemas de educación a distancia al no tener acceso a la red o no disponer de dispositivos de conexión para poder continuar con la actividad lectiva por medios telemáticos.  

Estas inquietudes fueron trasladadas al Ministerio de Educación y Formación Profesional para que, una vez reanudada la actividad educativa presencial, se promoviese la adopción de las medidas compensatorias y los apoyos específicos que pudiera precisar el alumnado en función de sus circunstancias personales, así como la fijación de criterios de evaluación y promoción teniendo en cuenta los problemas específicos que la crisis sanitaria ha provocado en todas las enseñanzas.

En el mes de junio, la Institución inició una actuación de oficio con todas las administraciones educativas para conocer sus planes y previsiones de cara a la vuelta presencial a las aulas que tuvo lugar en septiembre. Esta actuación se retomó en 2021 para evaluar la idoneidad de los planes y protocolos aplicados en el nuevo curso y conocer la cobertura real de las plazas docentes.

El Defensor del Pueblo es consciente de las inversiones que todas las comunidades autónomas vienen realizando en la formación del profesorado y en la dotación de infraestructuras y equipamientos tecnológicos para el proceso de enseñanza‑aprendizaje del alumnado (dispositivos, redes inalámbricas, conectividad, acceso a plataformas digitales) desde el inicio de la crisis sanitaria. Sin embargo, apunta que “la pandemia ha mostrado que es necesaria una mayor inversión para conseguir la innovación metodológica y la transformación de la organización escolar, que en estos momentos resulta, más que nunca, imprescindible”.

Por otra parte, la Institución también inició una actuación de oficio tras recibir numerosas quejas sobre la atención educativa a alumnos y alumnas vulnerables o convivientes con personas consideradas de riesgo ante el coronavirus para conocer la respuesta educativa para estas familias.

Aunque la pandemia ha marcado la mayor parte de las quejas recibidas en materia de educación no universitaria, en 2020 también se han tramitado asuntos relacionados con deficiencias en instalaciones escolares, dificultades para acceder a un determinado centro, complicaciones para obtener becas y ayudas y problemas relativos a la prestación de servicios complementarios, como el transporte o el comedor.

Además, en este ejercicio han continuado llegando quejas de ciudadanos manifestando que la atención a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo no era la adecuada por la falta de medios personales o materiales necesarios para garantizar la educación inclusiva, tanto en las enseñanzas básicas, como en los niveles de enseñanza no obligatoria.

El Defensor ha continuado insistiendo en la necesidad de establecer medidas normativas y organizativas que permitan profundizar aún más en el desarrollo de la educación inclusiva.

En el ámbito de la educación universitaria, la actuación del Defensor se dirigió esencialmente a servir de enlace con las universidades cerradas por la pandemia a las que los alumnos no lograban acceder para realizar trámites académicos, y también para proporcionarles información actualizada sobre las medidas adoptadas por cada uno de los centros para finalizar el curso.

En este ejercicio también se han recibido numerosas quejas por demoras en la tramitación de expedientes de homologación de títulos universitarios extranjeros. A pesar de los esfuerzos y medidas adoptadas por el Ministerio de Universidades, el Defensor lamenta que durante 2020 haya continuado la situación de colapso, llegándose a acumular más de treinta mil expedientes, situación inaceptable que los órganos implicados continúan atribuyendo a estar desprovistos de los suficientes recursos humanos y materiales para hacer frente a una adecuada gestión de sus funciones.

Para paliar la falta de personal sanitario, el Defensor formuló una recomendación a la Dirección General de Ordenación Profesional y a la Secretaria General de Universidades para que facilitara la incorporación de los profesionales sanitarios que en ese momento permanecían a la espera de finalizar la homologación o reconocimiento de su formación sanitaria. Esta recomendación fue aceptada.

MENORES

El Defensor del Pueblo ha dejado constancia en los últimos años de su preocupación por el elevado número de niños y niñas tutelados por las administraciones públicas y que permanecen en centros residenciales durante periodos prolongados. Con carácter general, se puede afirmar que el deseable cambio hacia un modelo en el que prevalezca el acogimiento familiar frente al residencial no se ha producido. El año pasado, la Institución formuló varias recomendaciones a las comunidades autónomas para la efectiva implantación del acogimiento familiar como medida preferente y mayoritaria de protección de menores.

En lo relativo a los menores extranjeros no acompañados, un año más, se han recibido numerosas quejas relacionadas con los procedimientos de determinación de la edad a extranjeros indocumentados, cuya minoría de edad no puede establecerse con seguridad. Se mantiene la discrepancia con la Fiscalía General del Estado sobre la idoneidad y la suficiencia de las pruebas médicas realizadas.

También se siguen detectando significativas diferencias entre los datos que facilitan las entidades de protección de menores autonómicas y las que facilita el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados.

En 2020, a través de una Instrucción, la Dirección General de Migraciones estableció los requisitos de acceso a una autorización de residencia y trabajo de dos años, renovables por otros dos. El Defensor celebra esta medida que, junto a la aceptación de la recomendación para la modificación del régimen jurídico de las autorizaciones de residencia de los menores extranjeros no acompañados contribuirá a la necesaria mejora de la integración socio laboral de este colectivo.

Por otra parte, se han recibido quejas de organizaciones de defensa de la infancia que solicitan la intervención del Defensor para que se impulsen medidas que erradiquen la proliferación de discursos de odio contra los menores extranjeros no acompañados. En diversas ocasiones, Fernández Marugán ha realizado llamamientos para combatir los mensajes “intolerantes y xenófobos” contra estos niños y niñas.

Un año más, Fernández Marugán ha de mostrar su preocupación con la actuación y la falta de colaboración de la Dirección Provincial de Educación en Melilla que, a pesar de los reiterados requerimientos del Defensor y, de los dictámenes del Comité de Derechos del Niño, continúa sin escolarizar a un grupo de menores que han nacido en Melilla o residen en la ciudad autónoma desde hace años. Durante todo el año 2020 la Institución ha iniciado varias actuaciones y formulado sugerencias a la Dirección General de Planificación y Gestión Educativa del Ministerio de Educación y Formación Profesional para intentar solucionar esta situación.

VIOLENCIA MACHISTA

La crisis de la COVID-19 ha dado lugar a un mayor riesgo de violencia machista. En España ha descendido el número de víctimas mortales en relación al año anterior pero no la violencia. Fernández Marugán lamenta el asesinato de 45 mujeres y tres menores.

El Defensor ha realizado actuaciones de supervisión en todas las fases del sistema de protección.

A finales de 2019 se formularon recomendaciones al Ministerio de Justicia para que ampliara la protección frente a todas las formas de violencia contra la mujer, introduciendo así la aplicación del concepto de violencia de género que establece el Convenio de Estambul. El Ministerio ha aceptado esta recomendación que está pendiente de desarrollo normativo.

También han continuado las actuaciones relativas al desarrollo de planes personales de intervención para las víctimas. El Ministerio de Igualdad se ha comprometido a redactar un protocolo de referencia que permita la elaboración de estos planes en el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad.

Un año más, se han recibido quejas que ilustran los problemas de las víctimas de violencia de género durante los procesos judiciales. El Defensor ha formulado recomendaciones al Ministerio de Justicia para evitar la doble victimización durante la tramitación de los procesos judiciales.

Por otra parte, la Secretaría de Estado de Política Territorial ha aceptado la recomendación formulada por la Institución sobre la situación de empadronamiento de las mujeres víctimas de violencia de género que se encuentran en residencias y pisos tutelados o casas de acogida.

El Defensor también ha llamado la atención sobre la realidad de las niñas y niños que directa o indirectamente son víctimas de violencia de género. Fernández Marugán valora positivamente la aprobación de la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia que incorpora recomendaciones de la Institución y confía en que esta nueva norma sirva para conseguir una mayor protección de los menores víctimas de violencia machista.

La especial vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres extranjeras expuestas a violencia de género preocupa especialmente al Defensor que ha vuelto a insistir en la necesidad de reforzar la protección frente a la expulsión de las mujeres en situación irregular que acuden a una comisaría de policía.

El Defensor ha denunciado de nuevo las dificultades para la identificación de las víctimas de trata de seres humanos y ha pedido mejorar los protocolos existentes para la detección de perfiles especialmente vulnerables. Además, ha alertado sobre la necesidad de asegurar que aquellas, pocas, víctimas que entran en contacto con las autoridades, reciban una respuesta ágil y rápida, tomando todas las medidas necesarias para su identificación y protección.

También ha señalado problemas en la identificación de menores víctimas de trata. El informe recoge las carencias detectadas por el Defensor en el caso de dos menores somalíes. Fernández Marugán insiste en la necesidad de una formación especial para las entrevistas de asilo con menores y reclama la identificación de centros adecuados para la atención de este perfil de niñas con unas necesidades específicas.

VIVIENDA

La situación de emergencia sanitaria ha tenido una especial incidencia en la ciudadanía en materia de vivienda. A pesar de las medidas de carácter extraordinario como la paralización de los desahucios, el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta o las ayudas convocadas en los arrendamientos de vivienda habitual, la pandemia ha generado un fuerte impacto económico y social que está afectando a los ingresos de muchos ciudadanos que ahora no pueden hacer frente al pago del alquiler o de la hipoteca de sus viviendas.

El impacto de esta crisis ha afectado a determinados colectivos especialmente vulnerables para los que se hace necesaria la readaptación y ajuste de la política social de vivienda. En opinión del Defensor es necesario adoptar alternativas y medidas inmediatas que resulten eficaces para poder atender el incremento de los problemas habitacionales de estas familias. Por ello, en 2020 recomendó ampliar el plazo de solicitud de las ayudas para alquileres de vivienda habitual y también pidió incluir las situaciones de vulnerabilidad residencial derivadas de la COVID-19 en las adjudicaciones de vivienda por emergencia social.

Además, preocupa especialmente al Defensor el elevado número de quejas recibidas sobre unidades familiares compuestas por personas con hijos menores de edad, familias monoparentales o personas especialmente vulnerables, que han sido desahuciadas de viviendas públicas protegidas, sin que la administración u organismo público autonómico o local haya proporcionado una alternativa habitacional.

Los problemas para gestionar las distintas ayudas a la vivienda protagonizaron las quejas en 2020. De entre las ordinarias, destacan las relativas a las ayudas destinadas al alquiler de vivienda habitual y las relacionadas con problemas de solicitudes de reducción de cuota de alquiler, claro síntoma, a juicio de la Institución, de que la situación económica de las familias se encuentra en declive, en particular tras la crisis sanitaria.

Por otra parte, y al igual que en ejercicios anteriores, la Institución continuó recibiendo quejas de personas que, llevadas por la necesidad, han ocupado ilegalmente una vivienda. En muchas ocasiones, se trata de familias con hijos menores de edad y son las mujeres, fundamentalmente con hijos a cargo, el colectivo más vulnerable y castigado y las que con más frecuencia acuden a esta Institución solicitando auxilio.

SERVICIOS Y SUMINISTROS BÁSICOS

Desde la declaración del primero de los estados de alarma, la Institución prestó una atención preferente a las quejas vinculadas al suministro de agua, electricidad y cortes en líneas telefónicas (sobre todo en casos de teleasistencia a personas vulnerables). También se interesó por la extensión del bono social a trabajadores afectados por medidas de regulación de empleo y autónomos que hubieran cesado su actividad o cuyos ingresos se hubiesen visto reducidos en un 75% y por la creación de la nueva categoría de consumidor vulnerable.

La disponibilidad de un suministro eléctrico en unas condiciones económicas que las personas puedan asumir es una cuestión capital, a juicio del Defensor del Pueblo, que recuerda que España es uno de los países donde las personas destinan una mayor proporción de sus ingresos al pago de las facturas de electricidad, a pesar de contar con un mix energético más favorable a mantener precios más bajos que otros países.

En opinión de la Institución, no ayudan en este asunto el gravamen tributario que afecta al conjunto de la factura (IVA al 21 % e impuesto sobre la electricidad), incluso para los suministros acogidos al bono social eléctrico, o la imposibilidad de que las personas ajusten su potencia eléctrica a sus necesidades, que pueden ser cambiantes a lo largo del año debido a las condiciones climatológicas o las condiciones de su vivienda, y que solo se ha flexibilizado durante el estado de alarma de forma transitoria y excepcional para autónomos y empresas.

Por otra parte, la Institución detectó problemas en la tramitación del bono social eléctrico para aquellas personas que por contar con menos recursos no están obligadas a presentar declaración del IRPF. Por ello, inició una actuación de oficio ante la Secretaría de Estado de Energía y solicitó información a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que emitió un informe en octubre de 2020 coincidente con los postulados de la Institución.

Otras actuaciones destacadas del Defensor en 2020 fueron las recomendaciones realizadas para restablecer la luz en los sectores 5 y 6 de la Cañada Real (Madrid) y en la zona norte de Granada.

PRESTACIONES SOCIALES Y PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES

Las prestaciones de la Seguridad Social constituyeron en 2020 una herramienta clave para la protección de los trabajadores asalariados y autónomos y de colectivos vulnerables afectados por los efectos económicos de la pandemia.

Pese a la amplitud de las medidas adoptadas para proteger a los trabajadores asalariados y autónomos afectados por la crisis de la COVID-19, la Institución detectó a través de las quejas situaciones que quedaban fuera de la protección social.

Así, el Defensor efectuó numerosas propuestas al Ministerio de Trabajo y Economía Social y al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para mejorar la protección de los trabajadores asalariados y autónomos, muchas de las cuales fueron aceptadas.

Por ejemplo, se han incluido nuevos colectivos en la protección de desempleo, algunos de ellos a instancias de la Institución, como los trabajadores cesados en período de prueba que venían de una baja voluntaria en los tres meses anteriores, los trabajadores que habían causado baja en su empleo con oferta de incorporación en otro puesto no efectiva por la situación actual, el colectivo de trabajadores fijos discontinuos, o el colectivo de artistas.

Se han establecido además nuevos subsidios específicos, como el subsidio especial para los desempleados que hubieran agotado la prestación contributiva o el subsidio asistencial (y también la renta activa de inserción) entre el 14 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2020, y el subsidio extraordinario por desempleo para los profesionales taurinos, tras una recomendación efectuada por el Defensor del Pueblo, así como mejoras de gestión en el subsidio extraordinario para empleadas de hogar o el subsidio excepcional por fin de contrato temporal.

Además, la Institución recomendó que se reconozca la prestación por desempleo a los trabajadores en situación de pluriactividad en el momento de la declaración del primer estado de alarma. Se trata de trabajadores incluidos en los ERTE de sus empresas y, al mismo tiempo, afectados por la paralización total de sus negocios o actividades como autónomos, o bien con una drástica reducción de los ingresos derivados de su trabajo por cuenta propia.   

El año pasado también fueron numerosas las quejas por los problemas para contactar con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) vía telefónica o a través de la sede electrónica y por la tardanza excesiva en asignar fecha en los casos de solicitud de cita previa virtual. También se recibieron quejas por la gestión de la prestación extraordinaria por desempleo por Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), sobre todo por las dificultades para acceder telemáticamente a la tramitación de la solicitud, por el retraso en el reconocimiento y abono y por errores en la cuantía o en la indebida extinción de la prestación.

El Defensor abrió diversas actuaciones ante la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, y formuló recomendaciones para mejorar la gestión de la prestación extraordinaria por desempleo por ERTE y lograr una más accesible comunicación por distintos medios entre los ciudadanos y el SEPE. La respuesta fue positiva, sin perjuicio de la enorme dificultad para materializar en la práctica todas esas mejoras mientras perdure la enorme carga de trabajo y la inevitable insuficiencia a corto plazo de los medios humanos y técnicos disponibles por el SEPE.

En este contexto, el Defensor cree necesario que desde la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social y el SEPE se simplifique todo lo posible la gestión (mayoritariamente automatizada, aunque con necesarias intervenciones individuales de los empleados públicos), aprovechando la experiencia acumulada estos meses.

Por otra parte, destaca la aprobación, con el apoyo unánime del Congreso, del ingreso mínimo vital como prestación no contributiva de la Seguridad Social para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social, algo por lo que había abogado el Defensor del Pueblo en su informe de 2019. En opinión de la Institución, esta nueva figura es un esperanzador e importante avance que ha supuesto la creación de una prestación de garantía de ingresos mínimos del Sistema de Seguridad Social, uniforme para el conjunto de España y con mejor adecuación y suficiencia que las rentas mínimas autonómicas hasta ahora existentes.

Sin embargo, en opinión del Defensor, es urgente resolver el elevado número de expedientes pendientes para evitar que las personas en peor situación económica sigan sin cobertura. Para ello resulta clave el aumento de la capacidad del INSS, con medios humanos y técnicos y también es necesario simplificar el procedimiento y la regulación, que son muy complejos y exigentes.

Adicionalmente, la aprobación del ingreso mínimo vital ha repercutido también en la tramitación de las rentas mínimas y el Defensor está examinando este hecho en comunidades como Andalucía, Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha y Cataluña.

POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL

El año pasado crecieron las quejas relativas a ayudas de alimentos, así como las ayudas al alquiler presentadas por los usuarios de los servicios sociales, como consecuencia de la crisis económica derivada de la pandemia.

Preocupa al Defensor del Pueblo el aumento de personas que se quedan sin recursos económicos de ningún tipo, sin derecho a prestación o a la espera de la resolución de ingreso mínimo vital o con una prestación o subsidio de desempleo reconocido que no resulta suficiente para afrontar el coste de sus necesidades familiares.

En este contexto, la Institución abrió una actuación de oficio para conocer el cumplimiento de los objetivos de reducción de la pobreza de la Estrategia Europa 2020. Además, preguntó al Ayuntamiento de Madrid por la gestión y motivos de la demora de la puesta en funcionamiento efectiva de la Tarjeta Familia.

Otras actuaciones destacadas en este ámbito tuvieron que ver con la atención a las personas sin hogar en la emergencia sanitaria. Tras recibir quejas al inicio de la pandemia, el Defensor solicitó información a todas las comunidades autónomas, diputaciones forales del País Vasco, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y algunos ayuntamientos como el de Madrid o Torrelavega, donde estaba implicada la red municipal de recursos para personas sin hogar. 

Por último, Fernández Marugán también se interesó por la precaria situación de los trabajadores temporeros en asentamientos de Huelva y Lleida.

MIGRACIONES

En 2020 cerca de 40.000 personas llegaron a España de manera irregular, de ellas más de 20.000 lo hicieron a las islas Canarias. La Institución ha recogido todas sus actuaciones y las visitas realizadas a instalaciones y centros para personas migrantes ubicados en este archipiélago en un monográfico sobre la situación migratoria en Canarias.

Ante el incremento de llegadas a costa, el Defensor inició actuaciones de oficio con Canarias, Andalucía, Illes Balears, Murcia y Comunitat Valenciana y con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para conocer las medidas sanitarias que estaban adoptando ante posibles casos de covid. El citado ministerio estableció un protocolo que ha sido objeto de seguimiento por parte de la Institución.

Con la crisis sanitaria se incrementaron los problemas de sobreocupación en los Centros de Estancia Temporal de inmigrantes (CETI), especialmente en el de Melilla. La Institución solicitó en reiteradas ocasiones el traslado de las personas más vulnerables a la península. Se llevaron a cabo algunos traslados, pero a juicio del Defensor no resolvieron la situación de este centro.

Tras decretarse el estado de alarma, la Institución comenzó a recibir quejas por la situación en la que se encontraban las personas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Fernández Marugán pidió la puesta en libertad de estas personas ya que en la situación actual no podía llevarse a cabo su devolución o expulsión. Todos los internos que se hallaban en los CIE fueron puestos en libertad.

La cuestión que más ha afectado a los ciudadanos extranjeros residentes ha sido las demoras en los trámites para la obtención de las tarjetas de identidad, así como de los documentos que acreditan la condición de solicitantes de protección internacional. Con casi seis millones de residentes legales que hay en la actualidad en España, en opinión del Defensor, el Ministerio del Interior debería revisar con urgencia los medios personales y materiales asignados a la tramitación de la documentación de extranjeros. Fernández Marugán formuló una recomendación al Ministerio del Interior para que, con carácter urgente, facilitara a los ciudadanos extranjeros el acceso al sistema de cita previa para solicitar protección internacional y realizar diversos trámites de extranjería en dependencias policiales.

El número de solicitudes de asilo en España durante 2020 ha caído notablemente con respecto al año anterior, debido a una disminución del número de llegadas de extranjeros por el cierre de fronteras y las restricciones impuestas a los viajes internacionales por la COVID-19. Según datos del Ministerio del Interior, a 31 de diciembre, 88.762 personas habían formulado su solicitud.

La mayoría de las quejas continúan centradas en el acceso al procedimiento y en las demoras en la obtención de cita previa para realizar distintos trámites. Además, a pesar de las medidas adoptadas para reforzar los recursos de acogida, siguen recibiéndose quejas por problemas de acceso al sistema de acogida a solicitantes y beneficiarios de protección internacional, en distintos puntos de España.

En 2020 la Administración ha aceptado la recomendación formulada por el Defensor del Pueblo, admitiendo la compatibilidad entre los procedimientos de protección internacional y las solicitudes de residencia por arraigo. La Institución valora muy positivamente su aceptación, pues permite configurar un marco mucho más garantista y conforme con la normativa internacional.

A pesar de las medidas que se han ido adoptando para racionalizar y adaptar el sistema de acogida a una demanda creciente de solicitantes de asilo, la Secretaría de Estado de Migraciones ha reconocido que la capacidad para reforzarlo es limitada, pues el sistema se encuentra desbordado. El Defensor insiste en que han de seguir buscándose fórmulas para abordar las carencias estructurales del sistema y dar respuesta a la emergencia existente y en este sentido, reclama la participación de todas las administraciones implicadas, que deben estar coordinadas para ofrecer una acogida digna e integral a los solicitantes de protección internacional.

Durante las primeras semanas, tras la declaración de la pandemia, numerosos ciudadanos españoles y extranjeros residentes legales en España, que se encontraban fuera del país, solicitaron la intervención de la Institución para volver a territorio español. Desde el Defensor se mantuvo una comunicación constante con estas personas y se les trasladó toda la información que facilitaba el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. En algunos casos la Institución formuló resoluciones que en la mayoría de las ocasiones fueron aceptadas.

IMPUESTOS

En materia de Hacienda, los asuntos relacionados con la COVID-19 superaron la mitad de las quejas recibidas.

La llegada de la pandemia y la declaración del estado de alarma plantearon dificultades para el cumplimiento en plazo de las obligaciones fiscales, por lo que el Defensor pidió acomodar el calendario del contribuyente a las especiales circunstancias que se estaban viviendo.  Así, instó al Ministerio de Hacienda a que ampliara el plazo de presentación de las declaraciones trimestrales de IVA e IRPF para empresas (PYMES) y autónomos correspondientes al primer trimestre de 2020 y solicitó la ampliación de plazo en las declaraciones de IRPF y Patrimonio 2019 para aquellas personas desplazadas, cuidadoras de enfermos, con regímenes de trabajo particularmente exigentes y también para los deudos de personas fallecidas que tuvieran que hacerse cargo de presentar las declaraciones de los finados.

Otros asuntos tratados por la Institución fueron la saturación del servicio de atención telefónica y otros medios arbitrados para ayudar a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones; los aplazamientos de IVA para pymes y autónomos y su compensación con las devoluciones resultantes de la declaración del IRPF 2019; y el cómputo de días del primer estado de alarma para la determinación de la residencia fiscal. Además, el Defensor pidió al Gobierno en julio una modificación normativa para aplicar a las mascarillas y a los geles hidroalcohólicos el tipo más bajo posible del IVA, incluso del 0%, por haberse convertido en bienes de primera necesidad.

Por otra parte, el distinto tratamiento fiscal de la reducción de jornada de los progenitores, adoptantes o acogedores para el cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad, motivó una recomendación a la Secretaría de Estado de Hacienda para que corrija esta disparidad de tratamientos y para que se contemple la situación de los profesionales por cuenta propia o autónomos.También se realizó una actuación para asegurar la confidencialidad de los datos de afiliación política o sindical en la declaración del IRPF.

Por último, destaca el hecho de que dos de cada tres de las resoluciones formuladas por la Institución en este ámbito fueron recordatorios de deberes legales por las elevadas y crónicas demoras en los procedimientos de revisión encomendados a los tribunales económico-administrativos (TEA). La Institución abrió una actuación de oficio ante la Secretaría de Estado de Hacienda para conocer el contenido del Plan de Mejora de los TEA y el impacto de tales medidas en la corrección de las demoras.

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Por lo que respecta a los asuntos relacionados con el impacto de la COVID-19 en la actividad económica, se recibieron quejas por el excesivo rigor e incluso la falta de efectividad de las líneas ICO, concebidas como un soporte financiero para el período más arduo de la pandemia. Ya en el período de “nueva normalidad”, el Defensor abrió una actuación de oficio.

También se inició una actuación general con el Banco de España al recibirse quejas de ciudadanos extranjeros, algunos de ellos personas en situación vulnerable, a quienes se les está denegando la apertura de cuentas bancarias, “por no tener la Tarjeta de Identificación de Extranjero (TIE), cuando con el Número de Identidad de Extranjero (NIE) o el pasaporte sería suficiente”. Por las quejas que han continuado recibiéndose el Defensor del Pueblo llega a la conclusión de que la apertura de una cuenta para ciertas categorías de personas, incluso para el acceso a la denominada cuenta de pago básica, puede resultar compleja. Parece que las entidades bancarias que actúan en España tienen una cierta tendencia a optar por la denegación a la mínima dificultad añadida, en lugar de gestionar ese riesgo de forma más particularizada. Por ello se mantiene el asunto en estudio.

Por otra parte, en 2020 se produjo la aprobación de la norma reguladora de las de comunicaciones comerciales de las actividades de juego (R. D. 958/2020). La valoración de la Institución es positiva porque, pese a que no aborda la prohibición absoluta de su publicidad, cuyo estudio la Administración llegó a aceptar en su día, presenta evidentes mejoras en la garantía de los derechos de los colectivos más sensibles a la problemática del juego.

JUSTICIA

En 2020 la justicia, entendida como servicio público, ha padecido los problemas derivados del cierre de las oficinas judiciales y de la suspensión de los plazos procesales hasta principios de junio. El Defensor ha tramitado numerosas quejas que han puesto en evidencia que los conocidos retrasos de la Administración de Justicia se han visto agravados por la pandemia.

Desde 2017 dos jóvenes han muerto (Melilla y Almería) tras ser sometidos a una contención mecánica en un centro de internamiento para menores infractores. Para evitar más muertes en estas circunstancias, el Defensor formuló recomendaciones al Ministerio de Justicia, a la Ciudad Autónoma de Melilla y a la Junta de Andalucía con el objetivo de abolir las sujeciones mecánicas en estos centros de todo el territorio nacional.

Fernández Marugán ha pedido al Ministerio de Justicia que derogue el apartado del reglamento de responsabilidad penal de los menores en el que se regulan las sujeciones mecánicas para acabar con ellas como medio de contención y a las comunidades que suspendan su práctica mientras se produce este cambio normativo. El citado Ministerio ha informado de la constitución de un grupo de trabajo para elaborar una reforma del reglamento y atender a la recomendación del Defensor.

En el contexto actual de súbito empobrecimiento de la población, debido a los efectos económicos de la pandemia, el Defensor considera que un funcionamiento correcto del sistema de justicia gratuita es fundamental. En 2020 la Institución ha tramitado quejas en las que se planteaba su reforma para atender a todos los ciudadanos y ciudadanas que pudieran necesitar acceder a él. El Ministerio de Justicia ha anunciado que se está trabajando en varios proyectos normativos con incidencia en el sistema de asistencia jurídica gratuita. Ya en 2021, se ha aprobado el Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo, por el que se aprueba el nuevo Reglamento de asistencia jurídica gratuita.

REGISTRO CIVIL

Un año más, la Institución continúa recibiendo quejas tanto por las demoras en la resolución de las solicitudes de nacionalidad por residencia como por los retrasos en la notificación de las resoluciones, en aquellos casos en los que no se ha consentido la notificación electrónica.

Fernández Marugán insiste, una vez más, en la necesidad de adoptar las medidas necesarias para resolver las demoras en la resolución de los expedientes de nacionalidad española por residencia, evitando así los enormes perjuicios que estos retrasos suponen a las personas afectadas. A juicio del Defensor, “esta situación debe finalizar y para ello es imprescindible una financiación económica suficiente”.

La situación del Registro Civil Central también ha sido objeto, un año más, de numerosas quejas por las demoras en la emisión de certificados y en la práctica de inscripciones de matrimonio. Tras constatar que su funcionamiento deficiente afecta a la esfera privada de las personas el Defensor ha formulado resoluciones para intentar paliar esta situación. Así, ha recomendado a la Secretaría de Estado de Justicia dotar al registro de los medios necesarios para prestar un servicio público de calidad, ágil y eficiente. También ha pedido abordar, con carácter urgente, la digitalización del registro civil. Por último, recomendó a la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid que reforzase, de manera urgente, el personal que atiende el servicio de certificaciones y asuntos generales del Registro Civil Central.

En su informe anual, Fernández Marugán señala que el retraso en la entrada en vigor de la Ley 20/2011, del Registro Civil ha provocado una ralentización en su modernización. El 30 de abril de 2021 por fin ha entrado en vigor tras una espera de casi diez años.

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PÚBLICOS

El empleo público ha sido uno de los pilares esenciales en los que el Estado se ha apoyado para hacer frente a la pandemia de la COVID-19. El Defensor quiere mostrar su agradecimiento a todos los empleados públicos por el esfuerzo realizado para la garantía y mantenimiento de los servicios y en especial al personal sanitario y no sanitario de los servicios de salud que “han respondido y responden ejemplarmente”.

Fernández Marugán reafirma el valor del empleo público como uno de los pilares básicos del Estado para la garantía de los derechos y valores fundamentales reconocidos en la Constitución y reclama mantenerlo y reforzarlo, especialmente en aquellos sectores que prestan y garantizan servicios esenciales a la comunidad.

Tras la declaración del estado de alarma, la Institución inició actuaciones para interesarse por las condiciones laborales en las que estaban realizando su labor los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los bomberos y los funcionarios de los centros penitenciarios. Fernández Marugán pidió que se les facilitaran dispositivos de detección del COVID-19 y equipos de protección individual para poder desarrollar su trabajo con seguridad.

Por otra parte, en 2020 se han seguido recibiendo quejas relativas al retraso en la ejecución y resolución de las convocatorias de empleo público. En este ejercicio, motivadas en su mayoría por las medidas excepcionales decretadas para hacer frente a la pandemia.

MEDIO AMBIENTE

La crisis provocada por la COVID-19 tuvo también su impacto en el ámbito medioambiental. Por un lado, el confinamiento decretado por el Gobierno en marzo de 2020 se tradujo en una cierta mejora de varios parámetros ambientales como la calidad del aire o la conservación de la biodiversidad, provocados por la paralización de las actividades económicas. Además, las limitaciones provocaron que las molestias por ruidos generados por actividades económicas, que habitualmente son el mayor número de quejas que se reciben, se redujeran sensiblemente o incluso concluyeran de forma abrupta al cesar definitivamente la actividad de los locales de hostelería.

Por otro lado, el retraso en la tramitación y la restricción de la atención a la ciudadanía provocada por la suspensión generalizada de procedimientos administrativos decretada durante el confinamiento fue motivo de queja por parte de los ciudadanos. Y también crecieron las quejas por las sanciones impuestas por las autoridades municipales por prácticas inadecuadas y depósitos irregulares de cartones y restos de paquetería y mensajería en general, al haberse incrementado enormemente la práctica de las compras a través de internet.

De entre las actuaciones del Defensor en materia medioambiental destacan las recomendaciones para que no se celebren monterías en el Parque Nacional de Monfragüe y la resolución por la que la Institución ha instado a la Junta de Extremadura a elaborar y aprobar a la mayor brevedad el plan de recuperación del lobo en la región, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Patrimonio y Biodiversidad.

Por lo que respecta a la contaminación atmosférica, el año pasado se formularon nuevas resoluciones para mejorar el control ambiental de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera en la Comunidad de Madrid y se continuaron los trabajos en el marco de la actuación de oficio iniciada en 2019 sobre la zona de bajas emisiones “Madrid Central”.

EL RETO DEMOGRÁFICO Y LA ESPAÑA VACÍA

El Defensor continuó en 2020 trabajando sobre el problema de la despoblación en España. A juicio de la Institución, el objetivo prioritario de todas las administraciones públicas a la hora de afrontar el reto demográfico debe ser garantizar a los ciudadanos la existencia de unos servicios públicos de calidad de forma universal.

En este contexto y como consecuencia de la pandemia, el año pasado la obligada permanencia de muchas personas en su domicilio, lo que incluye a estudiantes de todos los niveles que debían recibir clase y realizar tareas escolares y un incremento sin precedentes del teletrabajo, ocasionaron un aumento de las quejas relacionadas con los déficits de la red en muchos puntos, fundamentalmente en la conocida como «España vacía». Aunque los casos de ausencia absoluta de señal son cada vez menos frecuentes, se aprecia en estas quejas la persistencia de zonas en que la calidad de la señal disponible resulta incompatible con los requerimientos derivados de los ritmos de trabajo y estudio que se han ido implantando.

Por otra parte, los problemas de accesibilidad y continuidad de suministro eléctrico en las zonas rurales tienen una causa común con los que se producen en zonas urbanas: la falta de inversiones en la red y un marco normativo caracterizado por la ausencia de incentivos eficaces para prestar un servicio de calidad. La Institución ha podido constatar una especificidad en la España despoblada que apunta a un déficit estructural, que compromete el principio constitucional de que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.

En esta línea, el Defensor recomendó a la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica del Principado de Asturias sufragar la instalación eléctrica en el pueblo de la Prohida, que no cuenta con acceso a la red eléctrica. Además, la Institución también intervino ante las autoridades autonómicas correspondientes en casos como los cortes de suministro en municipios de la provincia de León provocados por un temporal de nieve o por las interrupciones del suministro en la zona de Villalba de la Sierra a Cañamares (Cuenca).

TRANSPORTE

El año pasado el Defensor recibió quejas por la resistencia de algunas compañías aéreas a devolver el dinero de billetes para trayectos anulados por las limitaciones establecidas durante el estado de alarma. Tras abrir una actuación de oficio sobre este asunto, la Institución instó a la Agencia de Seguridad Aérea (AESA) a inspeccionar lo que estaban haciendo las compañías. En su respuesta, este organismo ha comunicado que ha abierto procedimientos de investigación a nueve compañías, y que una vez concluyan las actuaciones se analizará si procede la apertura de procedimientos sancionadores. En paralelo, la Institución inició actuaciones con la Subsecretaría del Ministerio de Consumo.

Por otra parte, destacan también las actuaciones promovidas por la Institución a través del Defensor del Pueblo Europeo ante la Comisión Europea en relación con los servicios de acompañamiento de menores. El hecho de que tales servicios sean voluntarios para las empresas suscitó algunas quejas de familias separadas con dificultades de mantener un régimen de visitas con ambos progenitores. En el caso de España, el hecho insular supone un problema añadido, debido a la falta de alternativas de transporte. El Defensor del Pueblo concluyó que, para garantizar adecuadamente el derecho de los menores cuyos padres viven separados a mantener el contacto con ambos, es necesario, en determinados casos, contar con facilidades para que el menor pueda viajar solo, regulación esta que aún no está adecuadamente garantizada.

En materia de transporte por ferrocarril, el Defensor continuó en 2020 la investigación de oficio iniciada un año antes para conocer el criterio global de Renfe y del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana sobre la estrategia a seguir para evitar que las poblaciones rurales alejadas de los ejes principales de comunicación queden en una situación de progresivo aislamiento, bien por insuficiencia de servicios ferroviarios o su paulatina reducción, bien por la falta de conexiones o por el deficiente funcionamiento de las existentes.

Además de esta investigación general, se tramitaron quejas relativas a reducciones de servicios ferroviarios que perjudican a zonas concretas del territorio nacional, con especial incidencia en localidades del ámbito rural, como las que denuncian la supresión de conducciones y paradas en la línea que conecta los municipios de la comarca de La Alcarria con Guadalajara y Madrid; la progresiva eliminación de servicios en las líneas que unen las provincias de Granada y Almería con las de Alicante y Valencia; o las reducciones de horarios, la antigüedad de las infraestructuras y las frecuentes averías de las unidades que prestan servicio en la línea Bobadilla-Algeciras.

CULTURA

El mundo de la cultura se ha visto muy severamente afectado por la pandemia. Espectáculos de todo tipo han tenido que cancelarse o ver muy limitado su aforo, de manera que los profesionales del sector, así como el empleo derivado o dependiente de estas actividades, ha quedado en una situación de vulnerabilidad. En su informe, Fernández Marugán reclama ayudas, subvenciones y planes de apoyo para este sector.

CENTROS PENITENCIARIOS

En 2020 se iniciaron 939 expedientes, una cifra muy elevada, el año anterior fueron 722. Este incremento se puede explicar por la crisis sanitaria y el mejor conocimiento de la institución a través de las visitas que realiza como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

Las quejas más frecuentes fueron las relativas a aspectos higiénicos, sanitarios y alimenticios (334), traslados (127), comunicaciones (112), permisos (76), separación interior/clasificación (59) y malos tratos (43).

Para preservar la salud de los internos e internas, una vez decretado el estado de alarma se propició la salida de prisión de unas 3.000 personas. El Defensor, que desde las primeras semanas de pandemia mantiene abierta una actuación de oficio para hacer un seguimiento de la incidencia del coronavirus en prisión, valora positivamente las medidas tomadas por las administraciones penitenciarias que sirvieron para contener el virus en los centros.

También reconoce el esfuerzo de los funcionarios de prisión y destaca el compromiso de los propios presos, que han debido soportar la inevitable limitación de algunos de sus derechos en aras de la preservación de la vida y la salud.

Decretado el estado de alarma, se suspendieron las visitas en los centros penitenciarios. Para que las personas privadas de libertad pudieran mantener contacto con sus familiares se les facilitaron teléfonos móviles que permitían la realización de videollamadas. El Defensor aplaudió esta iniciativa y abogó por la extensión de este tipo de terminales a todos los centros para que llegaran al mayor número de internos e internas posibles. Además, reclamó que su uso se extendiera más allá de las videollamadas con familiares permitiendo acceder a servicios de orientación jurídica, servicios de asistencia religiosa, servicios comunitarios de asistencia psicológica telefónica actualmente disponibles para personas libres, etcétera.

Muchas de las recomendaciones formuladas por el Defensor en el informe “Las personas con discapacidad intelectual en prisión” fueron aceptadas en este ejercicio. Así, la Secretaría de Estado de Justicia ha valorado positivamente la petición de transformar las penas privativas de libertad en medidas de seguridad para los supuestos de discapacidad intelectual inadvertida y se ha comprometido a tomarla en consideración en la reforma del Código Penal.

Por su parte, la Secretaría de Estado de Derechos Sociales ha aceptado la recomendación de incluir a los presos con discapacidad intelectual en la Agenda Social y en la Estrategia Española y Plan de Acción sobre Discapacidad, como colectivo especialmente vulnerable. También la administración penitenciaria catalana se ha comprometido a seguir las recomendaciones formuladas por el Defensor para mejorar la situación de estas personas.

ACTIVIDAD DEL MNP

La pandemia también marcó la actividad que realiza el Defensor, en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) en el pasado ejercicio. Desde el inicio de la crisis sanitaria, el MNP estuvo en contacto con responsables de centros de privación de libertad para conocer las medidas tomadas para proteger la salud de las personas privadas de libertad y de los funcionarios.

En los primeros meses del estado de alarma, siguiendo las recomendaciones de organismos internacionales, el MNP realizó tareas de supervisión a distancia o sin contacto. En total se realizaron 49 actuaciones no presenciales.

En el momento en el que se pudieron realizar visitas ordinarias con todas las garantías para los técnicos que las realizaban y para los internos y personal de los lugares de privación que recibían la visita se retomaron estas inspecciones en profundidad. En total se han realizado 115 actuaciones de supervisión de las que 66 han sido visitas presenciales a lugares de privación de libertad.

En 2020 se formularon 671 resoluciones (57 recomendaciones, 598 sugerencias y 16 recordatorios de deberes legales) para la mejor prevención de la tortura, el maltrato y el respeto de los derechos fundamentales de las personas mientras están privadas de libertad, en lo que se refiere a instalaciones y sobre todo a los procedimientos que les son aplicados durante esta situación.

Todas las actuaciones realizadas como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura se detallarán en el informe específico que cada año publica el Defensor. 

CONSTITUCIONALIDAD ESTADO DE ALARMA

Algunos ciudadanos solicitaron al Defensor la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaraba el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 y sus prórrogas.

El Defensor decidió no interponer recurso ya que, a su juicio, las restricciones producidas en el ejercicio de algunos derechos fundamentales estaban justificadas por la existencia de una grave pandemia y se adoptaron en el marco del artículo 116 de la Constitución. Fernández Marugán señaló que “ni el Gobierno declarando el estado de alarma, ni el Congreso de los Diputados prorrogándolo, quisieron suspender derechos fundamentales. Lo que se quería era confinar a la población para salvar la vida y preservar la salud del mayor número de personas posible”.

Tras la declaración del segundo estado de alarma a través del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, algunas personas solicitaron al Defensor la interposición de recurso de inconstitucionalidad. Ya en 2021, Fernández Marugán anunció la no interposición de recurso al considerar que la declaración del segundo estado de alarma también respetó la Constitución.



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